Celebremos la Constitución

Por fin un aniversario constitucional donde se ha celebrado un perfecto acto de homenaje en el Congreso de los Diputados. Me refiero a esa lectura por artículos donde a dos estudiantes les amonestaron por hacer uso de su libertad de expresión. Un buen retrato de en qué consiste el constitucionalismo oficial; repetir  acrítica y mecánicamente el contenido de los preceptos de la Constitución, pero por si acaso no darles completa aplicación, lo que sería muy peligroso. Qué sería del orden social si se aplicaran artículos tales como el 40.1 (Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa), el 47 (Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación), el 129.2 (Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción) o el subversivo e inédito artículo 131.1 (El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución).

En los últimos tiempos incluso algunos preceptos que con anterioridad se aplicaron han caído en desuso. Dice el artículo 159 que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros que serán designados por un periodo de nueve años. Ahora mismo tenemos un Tribunal con 11 miembros de los cuales cuatro ya llevan dos años de prórroga; y todo por el interés de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, de no proceder a renovarlo hasta después de la sentencia del Estatuto catalán. Así que tendremos algún día doctrina constitucional dictada por un Tribunal Constitucional constituido en contra de las disposiciones constitucionales. No pasa nada, porque no hay un órgano superior que pueda controlar lo que diga o haga el Tribunal Constitucional y poner en duda su legitimidad. Como siempre, Quis custodiet ipsos custodes?

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Que viene el lobo

Todos conocemos la fábula de Esopo; un pastor por divertirse comenzó a asustar a los vecinos gritando "¡Que viene el lobo!", y cuando llegaron alarmados se rió de ellos. Tras repetir la burla varias veces, por fin un día llegó realmente el lobo y nadie hizo caso de sus gritos, con lo cual se quedó sin ovejas porque se las comió el lobo. Y sabemos la moraleja: "a un mentiroso no lo cree nadie ni cuando dice la verdad".

Pues igual que el pastor la gente de la ilegalizada Batasuna lleva años avisando que tienen una receta mágica para lograr la paz. Todas las veces aluden a que la paz vendrá cuando las propuestas políticas se puedan debatir en ausencia de violencia; lo que sucede es que quienes mayormente practican la violencia, los miembros de ETA, no abandonan nunca la violencia aunque hagan algún amago engañoso. Y los que tanto vociferan sus supuestas propuestas de paz jamás han pedido a ETA que acabe con la violencia, jamás han criticado a ETA, jamás han desistido de calificar a los etarras de patriotas y de presos políticos para los que piden la libertad, y jamás se han avergonzado de rendir homenajes a los supuestos patriotas con diversos motivos.

Ahora, otra vez, nos dicen que tienen una propuesta que abrirá definitivamente el camino de la paz. Pero han agotado la paciencia de los vecinos; incluso si esta vez fuera cierto, nadie les va a creer. A estas alturas, lo único que puede obtener crédito es un anuncio de ETA de abandono total, unilateral y definitivo de la violencia. Todo lo demás, juegos florales.

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Cayó un muro

Estamos envueltos en los fastos del 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Tanto entusiasmo me hace preguntarme cuánto ruido alcanzará el 25 aniversario, dentro de nada. ¿O quizás entonces no interese tanto festejo? Porque uno puede suponer que, como pasa casi siempre, este tipo de conmemoraciones son bastante interesadas y suelen contar más cosas del presente que del pasado.

Bien está caído aquel muro, por supuesto. Pero ojalá que cayeran también otros; porque siguen existiendo muros. El Muro de Berlín resultaba más insoportable quizás porque separaba, no sólo a una parte de Alemania de otra, sino un trozo de Occidente de otro. Porque aunque la propia erección del muro creaba el espejismo de que Oriente empezaba en la puerta de Brandenburgo, en realidad los países que quedaban del otro lado del Telón de Acero eran países europeos (centroeuropeos), blancos, occidentales, industrializados, desarrollados (aunque se hubieran quedado atrás en los últimos lustros ante las insuficiencias del modelo soviético). En suma, en el fondo eran de los nuestros, de nuestra civilización.

Los otros muros, en cambio, nos separan de otros mundos bárbaros e incivilizados, de países atrasados, salvajes, en suma, pobres. Los países prósperos, los que tenemos que conservar y defender nuestras riquezas tan merecidamente conseguidas, hemos tenido que levantar esas muros para protegernos de la invasión de los hambrientos. Menos fotogénicos que el Muro de Berlín, pero tenemos muros en Ceuta y Melilla para que no se cuelen los africanos en Europa. Poco visible y más sofisticado, tenemos un muro electrónico para cerrar el estrecho de Gibraltar, un sistema de vigilancia para localizar las pateras. Del Río Grande hacia el oeste también hay kilómetros y kilómetros de alambradas, de sistemas de vigilancia contra los espaldas mojadas, contra los centro y sudamericanos que quieren penetrar en Estados Unidos. Otro muro mucho más aparatoso separa Israel de Palestina, nuevamente el próspero Occidente del miserable Oriente.

¿Caerán esos otros muros? ¿Se retransmitirá su desmantelamiento por la televisión? ¿Aplaudiremos a los primeros inmigrantes que los atraviesen libremente, entonaremos emocionados discursos sobre la libertad y los derechos humanos?

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El fin justifica los medios (Navarra y sus competencias)

          Se han cruzado en Navarra la última semana dos debates que vienen a confirmar que, en política, pese a que se afirme lo contrario porque es lo teóricamente correcto, el fin justifica casi siempre los medios.

          De un lado, nos encontramos con la cuestión de si procede que desde los Presupuestos Generales del Estado, gracias a una enmienda pactada por PSOE y PNV, se subvencione a las ikastolas de Navarra. Al margen de si es bueno o no apoyar a las ikastolas, la pregunta que uno se hace inmediatamente es ¿en base a qué competencias puede el Estado subvencionar directamente a determinados centros educativos de Navarra? Porque, al parecer, no se trata de acordar con la Administración de la Comunidad Foral algún programa de ejecución conjunta en materias de interés y competencia compartida. No; son subvenciones cuasinominativas a otorgar saltando por encima de la Administración navarra.

          A este respecto, resulta bastante claro que "es de la competencia plena de Navarra la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades", según dice el art. 47 del Amejoramiento del Fuero, mientras que las competencias del Estado se limitan a la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y a la alta inspección. Y conforme al art. 9 del Amejoramiento también es competencia de Navarra la enseñanza del vascuence.

          El Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente (desde la Sentencia 13/1992 hasta la reciente Sentencia 136/2009) que "no existe una  competencia  subvencional diferenciada resultante de la potestad financiera del  Estado" o, lo que es lo mismo, que el Estado no dispone de un poder general para  subvencionar  desvinculado del orden competencial. Por lo tanto, "las diversas instancias territoriales ejercerán sobre las  subvenciones  las  competencias  que tienen atribuidas", de modo que cuando "en tal materia o sector hayan asumido  competencia  en uno u otro grado las  Comunidades Autónomas, las medidas que hayan de adoptarse para conseguir la finalidad a que se destinan los recursos deberán respetar el orden constitucional y estatuario de  competencias, pues, de no ser así, el Estado restringiría la autonomía política de las  Comunidades Autónomas  y su capacidad de autogobierno". La doctrina constitucional establece que el Estado puede establecer y gestionar subvenciones cuando ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia o cuando "resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional". Supuestos que obviamente no se dan en este caso.

          En otras palabras; se trata lisa y llanamente de una injerencia estatal (no del PNV, como se ha sugerido por alguno) en las competencias de Navarra, aunque justificada para unos porque es dinero que viene a Navarra (así lo ha sugerido el Presidente del Gobierno de Navarra, máximo custodio del autogobierno de la Comunidad Foral pero solo a tiempo parcial); para otros, porque es dinero para las ikastolas, es decir, para el euskera (supongo que esa es la motivación del PNV, tan celoso de la autonomía en otros casos); y a otros, porque conviene en la suma de apoyos para que salgan adelante los Presupuestos (entiendo que eso mueve al PSOE, guardián de los valores constitucionales en otros momentos más propicios).

          Por las mismas fechas el Senado aprobó una enmienda formulada por UPN añadiendo una disposición adicional a la Ley de Tráfico según la cual, atendiendo a la singularidad de su régimen foral, "hasta que no se haga efectiva la transferencia para el ejercicio en exclusiva de las competencias ejecutivas en materia de tráfico y de circulación de vehículos a motor", la Comunidad Foral de Navarra sería competente para la imposición de las sanciones administrativas correspondientes a las denuncias que formule la Policía Foral. Competencias que ahora mismo no ejerce (sí, sería bueno que las ejerciera, pero esa es otra cuestión) porque no le han sido atribuidas ni transferidas. Hasta ahora creíamos que la singularidad del régimen foral no conllevaba ignorar las disposiciones de la Constitución y del Amejoramiento del Fuero, que son las normas que distribuyen competencias y establecen los mecanismos para, en su caso, transferirlas. Que ahora por una ley estatal ordinaria -sin pacto con Navarra, o sea, otra injerencia aunque pique menos- se pretenda alterar el orden constitucional y foral de competencias (y de paso a trocearlas) resulta una novedad. Que al parecer se justifica porque se trata de barrer para casa tanto competencias como recaudación, así parece hacerlo UPN, partido autor de la iniciativa, pero también quienes apoyaron la enmienda, el PP (tan celoso con la unidad de España, la Constitución y las competencias del Estado siempre que no haya valores superiores o intereses de mayor calado que proteger, como los de meter el dedo en el ojo al Gobierno, aunque finalmente recapacitó y en el Congreso se desdijo y rechazó la enmienda) y el resto de grupos del Senado con motivaciones variopintas.

          En suma, que en pocos días esos dos partidos que se autoatribuyen en Navarra ser los máximos valedores de la Constitución y el Amejoramiento del Fuero hasta el punto de sentirse legitimados con frecuencia para repartir el carnet de demócrata o el certificado de buena conducta a los demás, han coincidido en realizar el mismo ejercicio de incoherencia. Eso sí, en iniciativas diferentes, con lo que pueden representar dignamente el papel que les corresponde en cada caso. En la enmienda a la Ley de Presupuestos UPN puede oponerse presentándose como defensor de las competencias de Navarra y paladín contra la agresión combinada del Estado y del nacionalismo vasco; en la enmienda a la Ley de Tráfico el PSOE pudo votar en contra representando el papel de protector de la unidad constitucional. Ambos pueden elegir entre hacer ejercicios de despiste, de tancredismo o de simple cinismo ante la iniciativa que les interese, y por supuesto acusarse mutuamente de incongruencia. Con razón.

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El chivo expiatorio

Según ordena el libro del Levítico, en el Día de la Expiación o Yom Kipur (el décimo día del séptimo mes del calendario judío) el Sumo Sacerdote de Israel elegía dos chivos y los presentaba al Señor a la entrada de la Carpa del Encuentro. Luego echaba a suertes cuál era destinado al Señor y ofrecido como sacrificio por el pecado y cuál era destinado a Azazel (espíritu maligno). A este segundo le imponía las manos sobre la cabeza y confesaba sobre él "todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera sean los pecados que hayan cometido, cargándolas sobre la cabeza del chivo". Después se enviaba al desierto de modo que "el chivo llevará sobre sí, hacia una región inaccesible, todas las iniquidades que ellos hayan cometido".

Con frecuencia en otras épocas y otras sociedades se practica el mismo ritual del chivo expiatorio, pero en vez de elegir un animal se elige a una persona y se le envía, no al desierto del Néguev, sino a algún desierto simbólico. Es lo que acaban de hacer con Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, el único que está cargando con todas las culpas de su partido relacionadas con el caso Gürtel.

De este modo Rajoy, Camps y demás dirigentes evitan tener que asumir ninguna responsabilidad sobre los desmanes perpetrados en la Comunidad Valenciana y en los bolsillos de sus contribuyentes por el Bigotes y los suyos.

Sin que me merezca la menor simpatía el señor Costa, me da la impresión de que se está llevando la peor parte el único dirigente del PP que, por ahora, ha tenido la mínima dignidad de asumir alguna responsabilidad ante la opinión pública. Hay que recordar que responsabilidad y responder vienen de la misma raíz latina, respondere. Rajoy, Cospedal, Camps y demás llevan meses sin responder. Incluso se han refugiado en la técnica de las ruedas de prensa sin preguntas, o de las declaraciones grabadas en video, editadas y remitidas por el propio PP a los medios de comunicación para evitar las preguntas, para no tener que responder. Cuando se han visto acorralados han salido por la tangente y han llegado al extremo de afirmar que todas las responsabilidades están resueltas con las defenestración de Costa, pero sin llegar a concretar qué responsabilidades había que asumir (siguen sin reconocer que se haya hecho nada mal o irregular) y qué es exactamente lo que ha hecho Costa y porqué ha sido elegido él precisamente como chivo expiatorio. De Ricardo Costa, según las sucesivas declaraciones que provienen del PP, sólo sabemos que es una magnífica persona, que ha hecho una gestión brillante y que no está imputado en ninguna causa judicial. Vamos, que no se entiende porqué le han destituido; lo único comprensible es la reciente suspensión de militancia y la apertura de un expediente disciplinario; habla demasiado (es decir, habla, a diferencia del resto) y ha tenido el descaro de pedir una investigación interna (lo último que desea la cúpula del PP, ansiosa de enterrar el caso).

Cuando menos, Costa tiene el mérito de ser el único en haber respondido a través de una rueda de prensa donde no rehuyó la existencia del caso Gürtel. Cometió la torpeza de decir que él había actuado siempre según las instrucciones recibidas de sus superiores, pero reconoció sentir vergüenza al oír algunas de sus propias conversaciones y haber cometido algunos errores (aunque no delitos). Como chivo expiatorio ofrece un grave problema, y es que los chivos elegidos por el Sumo Sacerdote como mucho balaban, pero no hablaban. Y este puede contar cosas...

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Toda una nación

Lo confieso, soy uno de esos antipatriotas a los que no hacía ninguna ilusión que los Juegos Olímpicos de 2016 se celebraran en Madrid. Me aburre el deporte televisivo, me carga tanto patrioterismo deportivo, me sacan de quicio los políticos que se arriman a la foto de cualquier triunfo ajeno, y desconfío de quién acaba haciendo negocio con estos grandes acontecimientos. Así que ante la perspectiva de pasar los próximos siete años aguantando la barrila que nos iban a dar entre todos con el acontecimiento mundial de celebrar los Juegos de 2016 en Madrid, prefería que se fueran con la música a otra parte.

Que en vez de al río Manzanares se hayan ido a Río de Janeiro me parece bien. Era la ciudad que yo esperaba que saliera; en parte porque suponía lógico que por fin hubiera unos Juegos en Sudámerica (y poco lógico que repitiera Europa, contra la costumbre de alternar continentes), y en parte porque en el dudoso caso de que celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos lleve dinero y progreso a alguien supongo que en Brasil están un poco más necesitados que en los demás países que competían.

Y ahora que ha acabado ese proyecto tan ilusionante en el que, como han dicho en los discursos los mandamases que han ido a hacer piña a Copenhague, no competía solo Madrid sino que Todaspaña estaba detrás, que era un proyecto de toda una nación, pues a lo mejor toda esa increíble energía que se iba a desplegar se podía encauzar en alguna otra cosa. Por ejemplo; podíamos hacer un proyecto que implicara también a toda una nación unida, a todas las instituciones (incluidos los nietos del Rey), a todos los partidos políticos, a todos los medios de comunicación, aunque solo fuera con la mitad de estusiasmo que había por Madrid 2016, la mitad de voluntarios que se iban a apuntar y la mitad de inversión pública. No sé, ¿acabar con la pobreza en España? ¿reducir las emisiones de CO2? ¿girar hacia ese nuevo modelo económico sostenible? ¿dedicar el 0,7 para cooperación al desarrollo?

A lo mejor, con un proyecto así, empezaba a creerme lo del orgullo patriótico.

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Denuncia

Es la segunda vez que denuncio, la primera tuve poco éxito. Por si sirve de algo, además de presentarla al organismo correspondiente copio la denuncia aquí para que conste en la ciberesfera.

AL Ministerio de INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

      MIGUEL JOSÉ IZU BELLOSO, provisto de DNI nº ....., con domicilio en calle ...., 31006 Pamplona, ante ese organismo

             EXPONE:

             Que mediante el presente escrito formula DENUNCIA por una infracción a las disposiciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones con base en los siguientes

 MOTIVOS

            1. El que suscribe es abonado desde hace muchos al servicio telefónico, inicialmente mediante contrato con la compañía Telefónica de España y posteriormente con Tenaria SA (hoy integrada en el grupo ONO-Cableuropa SAU).

             2. Hasta el año 2006 el que suscribe figuraba como abonado en la guía telefónica (páginas blancas) que edita Telefónica de España SAU como operadora del servicio universal de telefonía, tal y como dispone el artículo 30 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

             En las guías de los años 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 el que suscribe ha desaparecido. No sólo de la guía editada en papel, sino también en la guía que puede consultarse a través de Internet en www.telefonica.es. Igualmente  en el teléfono 11822 en el año 2007 tampoco se ofrecía información sobre su número; los operadores informaban de que no aparecía registrado.

             Esta desaparición, al parecer, afecta también a otros abonados del servicio que tienen contratos con empresas distintas a Telefónica de España.

             3. Al recibir la guía 2006-2007 y advertir su desaparición el que suscribe formuló una reclamación a través de la web de Telefónica de España que no recibió ninguna respuesta. Al recibir la guía 2007-2008 llamó al  teléfono de atención al cliente 1004. La persona que le atendió le dijo que como no era cliente de Telefónica no debía figurar en la guía. Ante la réplica de que la propia guía afirma lo contrario y de que existe una obligación legal de incluir a todos los clientes de telefonía fija al margen de la empresa realizó una consulta y le informó de que para una reclamación como ésta existe un número de fax, el 900506580.

             El que suscribe prefirió no utilizar la vía del fax, ya que no ofrece la menor garantía en cuanto a la recepción de la reclamación, y envió su reclamación mediante burofax con acuse de recibo a través de Correos sin obtener respuesta alguna.

             4. El que suscribe en septiembre de 2007 formuló una denuncia ante esa Secretaría de Estado, que se tramitó como reclamación con el número RC1016057/07 TLF.

             En la tramitación de dicha reclamación la empresa Telefónica de España presentó escrito de alegaciones en el que afirmaba que se trataba de un fallo achacable a la actual empresa del suscribiente, que no le había facilitado los datos (obviando el hecho de que Telefónica de España disponía de esos datos con anterioridad), que ya se había corregido en cuanto al servicio de consulta del 11822, y que se corregiría en la siguiente edición impresa.

             A la vista de dichas alegaciones, el que suscribe con fecha 19 de diciembre de 2007 formuló a su vez alegaciones que concluían con la súplica de "1º Que se requiera de la empresa Telefónica de España SAU la inclusión del reclamante en la guía de teléfonos en las próximas ediciones, en las condiciones que establece la normativa vigente. 2º Que por esa Secretaría de Estado y en el ámbito de las competencias de inspección y sanción que la ley le atribuye impulse las actividades de inspección que procedan y en su caso la apertura del correspondiente procedimiento sancionador a fin de determinar las responsabilidades oportunas de Telefónica de España SAU en relación con los hechos expuestos en la denuncia formulada por el que suscribe, denuncia que mantiene y reitera".

             Esa Secretaría de Estado estimó, no obstante, procedente el archivo de las actuaciones al entender que la empresa Telefónica de España daba satisfacción a las pretensiones del reclamante.

             5. Pasados dos años el que suscribe ha de insistir en su denuncia. A fecha de hoy Telefónica de España sigue sin incluirle en la guía de teléfonos. Ni en las versiones impresas de los años 2008-2009 y 2009-2010, ni en la que se puede consultar en su web. Únicamente en el servicio de consulta del 11822 figuran sus datos.

              Y ha de insistir en que la exclusión del que suscribe de la guía telefónica no se debe a un error sino a una práctica deliberada que no afecta a una sola persona sino a otras muchas. Hay muchos otros abonados, al menos en la provincia de Navarra, que han desaparecido en las últimas ediciones de la guía de teléfonos. Y casualmente esos abonados lo están a otras operadoras distintas de Telefónica de España SAU, y en su mayoría son antiguos abonados de Telefónica de España SAU (en la época en que ésta disponía del monopolio del servicio) que optaron por cambiar de operadora cuando el ordenamiento jurídico español les dio esa opción. En este sentido, el que suscribe sospecha que Telefónica de España SAU ha decidido "castigar" a sus antiguos abonados huidos a la competencia excluyéndolos de las guías de teléfonos (aunque de paso castiga y viola el derecho de sus propios abonados a conocer esos números para poder hacer uso del servicio).

             El que suscribe entiende que no es casualidad que cuando pretendió reclamar en el  teléfono de atención al cliente 1004 la persona que le atendió le dijera que como no era cliente de Telefónica no debía figurar en la guía, y ante su insistencia  remitiera su reclamación a un número de fax (el 900506580), vía totalmente irregular y carente de la más mínima garantía.

             6. El artículo 53.l de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones  tipifica entre las infracciones muy graves "El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de servicio público, según lo establecido en el título III", y el artículo 54.o de la misma norma entre las infracciones graves "El incumplimiento de las obligaciones de servicio público, según lo establecido en el título III, salvo que deba considerarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo anterior".

             Hay que recordar que dentro del Título III de la citada Ley, "Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas", se encuentra el artículo 22 el cual dispone que "1. Se entiende por servicio universal el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. Bajo el mencionado concepto de servicio universal se deberá garantizar, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen por el Gobierno: (...) b. Que se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico disponible al público una guía general de números de abonados, ya sea impresa o electrónica, o ambas, y se actualice, como mínimo, una vez al año. Asimismo, que se ponga a disposición de todos los usuarios finales de dicho servicio, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, al menos un servicio de información general sobre números de abonados. Todos los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán derecho a figurar en la mencionada guía general, sin perjuicio, en todo caso, del respeto a las normas que regulen la protección de los datos personales y el derecho a la intimidad".

             Estas obligaciones, que Telefónica de España no cumple en relación con el que suscribe y con otros abonados, se desarrollan en lo que aquí interesa en los artículos 30 (guías telefónicas) y 31 (servicio de consulta telefónica sobre números de abonado) del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

             Y este incumplimiento no supone únicamente un perjuicio particular al que suscribe por no aparecer su número en la guía; es un perjuicio a todos los usuarios del servicio público de telefonía, que no cuentan con guías de teléfonos que comprendan a todos los abonados.       

             En virtud de lo que disponen los artículos 50 y 56 de la citada Ley 32/2003 corresponden a ese órgano las funciones inspectoras y sancionadoras en esta materia.

             Por todo lo cual,

             SUPLICA:

             Que teniendo por presentada esta denuncia impulse las actividades de inspección que procedan y la apertura del correspondiente procedimiento sancionador a fin de determinar las responsabilidades oportunas en relación con los hechos expuestos.

 Pamplona, a 29 de septiembre de 2009

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Soluciones que no lo son

Hay un chiste muy viejo sobre un individuo que una noche andaba en la calle agachado buscando algo por el suelo. Otro viandante se detiene y le pregunta: "¿Qué busca?", y el otro le contesta: "Las llaves de casa". El primero dice "¿Y se le han caído por aquí?", y el otro responde: "No, se me han caído en la acera de enfrente". "¿Y entonces por qué las busca en esta?"; "Es que aquí bajo la farola hay más luz".

El chiste describe un comportamiento irracional pero que es muy habitual en los seres humanos. A menudo optamos por la solución fácil porque es más cómoda, aunque en realidad sea perfectamente inútil. Nos empeñamos en aplicar un remedio que no funciona porque no somos capaces de imaginar otro, o porque nos da pereza cambiarlo, o porque nos da miedo lo desconocido. O, en el campo de la política, porque sugerir una estrategia distinta puede ser muy impopular. Esto sucede en particular con las prohibiciones; levantar antiguas prohibiciones genera demasiado vértigo. Prohibir es una solución fácil que nos sale casi automáticamente frente a cualquier problema. Pero a veces es tan fácil como ineficaz.

Hay dos prohibiciones típicas tan antiguas como inútiles, pero que sólo proponer su desaparición levanta reacciones airadas en contra. Me refiero a las drogas y a la prostitución, esta segunda otra vez en el candelero en los últimos días. Da mucho miedo legalizar las drogas y legalizar la prostitución porque tenemos muy asumido que ambos fenómenos son intrínsecamente perversos. Las drogas matan; la prostitución degrada y esclaviza. Y es verdad. En un mundo perfecto, no habría sitio para ellas. Pero igual de claro hay que decir que las políticas de prohibición, criminalización y represión no sólo vienen fracasando sistemáticamente sino que a menudo producen males mayores que los que pretenden atajar.

En ambos casos la existencia de actividades prohibidas pero que tienen una gran demanda provocan la aparición de amplias redes criminales que las explotan. Al dejarlas en manos de la delincuencia organizada se induce a que se cometan una infinidad de delitos añadidos: amenazas, agresiones, secuestros, asesinatos, evasión fiscal. La asociación de unas actividades criminales con otras crea un efecto de bola de nieve; una vez establecidas redes de tráfico de un producto ilegal el criterio de eficiencia empresarial lleva a que se utilicen también para otros productos. Así, las mismas organizaciones se dedican lo mismo al narcotráfico que a las armas y explosivos, a la trata de blancas, a la de trabajadores ilegales, al blanqueo de dinero, pero también a otras actividades más o menos legales: los negocios inmobiliarios, bancarios, la exportación, el transporte, etc. Se engordan las actividades fuera de la ley y se difuminan los límites con las que se hacen dentro de ella. La potenciación del crimen organizado tiene inevitablemente sus consecuencias políticas; cuanto más fuertes son esos grupos delictivos, mayor posibilidad de que compren a los gobernantes, incluso a los votantes, o que compren a las fuerzas de seguridad, o que controlen regiones o países enteros, o que instiguen guerras y guerrillas. El intercambio de drogas por armas, y viceversa, alimenta muchas de las guerras que han alcanzado carácter crónico. Se sabe de sobra que el narcotráfico está detrás de muchos de los llamados "Estados fallidos", Estados deshechos por guerras interminables cuyas autoridades apenas logran dominar alguna parte de su territorio. Ahí están los conocidos casos de Afganistán, Sudán, Colombia. Se sabe que la guerra contra el narcotráfico está perdida, que pese a los abundantes medios puestos para combatirlo sigue creciendo en todo el mundo.

Es de sobra conocido el paradigmático ejemplo de la  "Ley Seca" en Estados Unidos. Un rotundo fracaso que no hizo sino impulsar a la delincuencia organizada a la que se le entregó el comercio del alcohol, y que llevó a corregir el error en pocos años. Y no seamos hipócritas; mantenemos dentro de la ley drogas como el alcohol y el tabaco, que también sabemos que matan (y mucho más que las ilegales), pero preferimos aplicarles solamente un régimen de limitación y control. Protegemos a los menores, tratamos de informar a los adultos sobre los riesgos, limitamos los lugares y las situaciones donde se pueden consumir. Pero huimos de la prohibición total porque suponemos que tendría efectos contraproducentes.

Algún día habrá que legalizar todas las drogas. Sí, todas. Y regularlas como tenemos regulado el alcohol y el tabaco. Legalizar la cocaína no quiere decir que su consumo no tendrá límites; por supuesto que igual que el conductor de un automóvil no puede ni beber ni esnifar antes de ponerse al volante, un piloto de avión tampoco puede volar bajo el efecto de ninguna droga ni un cirujano debe operar en esas condiciones. Igual que no debe fumarse en espacios públicos, no debe permitirse inyectarse heroína en vena a la puerta de un colegio. E igual que no se puede comprar tabaco en el supermercado no debieran comprarse anfetaminas en los bares. Al igual que hay campañas para reducir el consumo de tabaco (que tienen un razonable éxito en muchos países) las tendrá que haber para reducir el consumo de otras drogas.

 Algo parecido tendremos que hacer con la prostitución. Que sí, que es una actividad degradante, indigna, pero la prohibición tampoco funciona. Pasemos a la regulación como mal menor. Que los locales donde se ejerza necesiten de una autorización administrativa; que los empresarios estén registrados y dados de alta en la Seguridad Social. Que quienes ejerzan la prostitución tengan un contrato de trabajo y la protección social correspondiente; que se pueda inspeccionar que se realiza en unas mínimas condiciones y, desde luego, voluntariamente. Que quede claramente delimitado el ámbito de lo que es legal y lo que no, y sobre todo a quién se hace responsable de traspasar ese ámbito. Que se sancione contundentemente a quien explote a las prostitutas, eludiendo las autorizaciones y los controles que se establezcan; que se penalice a los clientes que acudan a la prostitución fuera de los locales autorizados; que se impida el ejercicio de la prostitución en la calle o en locales sin licencia.

 Es más fácil mantener las prohibiciones; es más fácil, más popular, más electoral, más correcto, defender las falsas soluciones de mano dura que venimos aplicando. Es más cómodo seguir el mismo rumbo. Pero alguien, en algún momento, deberá ponerle el cascabel al gato.

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