Tres nacionalismos

Aunque ni todos los aficionados al fútbol son nacionalistas, ni todos los nacionalistas son aficionados al fútbol, el fútbol, entre otros deportes, suele ser un lugar privilegiado para dar rienda suelta a los más bajos instintos patrióticos. Sucede en todos los países aunque en unos más que en otros. Por eso mañana en Madrid y con motivo de la final de la Copa del Rey van a chocar no solamente los forofos de los dos clubes finalistas, Barça y Athletic, sino los forofos de tres naciones o patrias distintas. Además de las banderas blaugranas y rojiblancas de los dos equipos, veremos una profusión de ikurriñas, senyeras y banderas españolas, estas últimas probablemente en dos versiones, con el escudo oficial mal llamado constitucional (la Constitución ni menciona al escudo) y con el escudo franquista que sin duda abundará en la manifestación de la Falange. También se manifestarán otros patriotas que reclaman selecciones nacionales de fútbol para las naciones que defienden, la vasca, la catalana, la gallega. Ahora que ya no se acostumbra a avanzar bajo las banderas en los campos de batalla, como antaño, se hace en los campos deportivos.

Curiosamente, estos nacionalismos tienen en común, entre otras muchas cosas, que a sus partidarios no les gusta llamarse nacionalistas. Prefieren ser llamados patriotas (o su sinónimo vasco abertzales), catalanistas o constitucionalistas, todo menos nacionalistas. Los nacionalistas, que suena muy feo, demasiado parecido a nazi, son siempre los demás.

A los nacionalistas les pone mucho la cosa de los símbolos. Por eso se monta la que se monta con el himno nacional español. A los nacionalistas españoles, que prefieren llamarse constitucionalistas, les parece lo más natural del mundo que se toque antes de empezar el partido. A mí me parece igual de procedente que si se toca todos los días al abrir la Bolsa o en todos los cines antes de empezar la película. Pero es que soy raro. A los nacionalistas vascos o catalanes, que prefieren llamarse patriotas, no les parece raro tocar un himno nacional, lo que les ofende es que sea el español.

Lo del himno se complica porque incluso hay muchos antipatriotas que sin ser nacionalistas de nada en particular son poco afectos al himno porque acompaña a la aparición del rey (parece que este año a la de su presunto sucesor debido a la lesión deportiva del rey, la sufrida cuando practicaba el noble deporte de la caza de paquidermos). Así que los republicanos se unen a los patriotas en la pitada del himno.

Esperanza Aguirre, como buena constitucionalista, se ha ofendido tanto con la posible pitada al himno que se ha salido de sus casillas. Se ha salido mucho, por ejemplo, hablando de suspender la final si hay pitada, como si tuviera alguna competencia al respecto para decidir si se celebra o no se celebra la final, que no tiene absolutamente ninguna. Y ha dicho una tontería bastante gruesa, eso de que una pitada al himno nacional, que es un delito, en países "serios" como Estados Unidos o Reino Unido no se permitiría. Primero, este no es un país serio, como se demuestra del hecho de que ella, entre otros presidentes autonómicos, la semana pasada fue descubierta falseando las cuentas de su comunidad y no ha pasado nada, no solo no ha dimitido sino que ni siquiera se ha sentido obligada a dar una explicación coherente. Y segundo, aunque en Estados Unidos también tienen la costumbre de empezar la final de la Super Bowl o acontecimientos semejantes con su himno nacional, tienen declarado mediante dos sentencias del Tribunal Supremo que quemar la bandera es un ejercicio de libertad de expresión protegido por la Constitución que no se puede castigar. Los patriotas de ese país han intentado muchas veces reformar la Constitución para poder perseguirlo pero no lo han conseguido. Pero, bueno, la señora Aguirre nunca se ha caracterizado por saber de qué está hablando antes de hablar.

En fin, como soy poco forofo tanto del fútbol como de las patrias voy a ser uno de esos individuos antisociales que no va a ver el partido.

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El presidente

Los padres de la Constitución tuvieron una pésima idea al atribuir la presidencia del Consejo General del Poder Judicial al presidente del Tribunal Supremo. El primero es un órgano político, el órgano de gobierno del Poder Judicial, por mucho que suela estar plagado de jueces, mientras que el segundo es un órgano judicial. En el primero se puede, o se debería, por tanto, exigir responsabilidades políticas a sus miembros, algo que por naturaleza no procede en el segundo. Y ello al margen de las responsabilidades penales, que son cosas distintas aunque en este país a menudo como ya lo tengo explicado se confunden.

El actual presidente de ambos órganos nos ha metido a todos en un carajal. Quizás sus reiterados viajes a Marbella y su hotel de lujo a cargo de los contribuyentes no sean delito, pero desde luego ofrecen una pésima imagen y en un país con cultura democrática sería tan inadmisible que el interesado debería presentar la dimisión. Claro que en este país nunca hemos tenido demasiada cultura democrática; hay países donde dimite un ministro porque le han pillado un plagio en su tesis doctoral o le descubren una mentira al intentar evitar una multa de tráfico; aquí se puede pillar a tres presidentes autonómicos falseando las cuentas de sus comunidades sin que pase nada.

El caso es que como parece que el interfecto ni va a ser procesado, ni va a dimitir, ni va a ser depuesto, nos obliga a tener como presidente del máximo órgano judicial de este país a una persona que se ha mostrado poco digna de la confianza de los ciudadanos. Poco va a ayudar a mejorar la poca confianza que los ciudadanos tenían ya en la justicia. La culpa, como siempre, la tenemos los contribuyentes por esperar una justicia por encima de nuestras posibilidades.

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¿445.568 políticos?

Uno de los efectos colaterales de las nuevas tecnologías de la comunicación es la facilidad y rapidez con la que puede esparcirse por todo el planeta cualquier clase de tonterías, patrañas y mentiras. Hay quienes dicen que la mitad de lo que circula por Internet es falso; me parece una proporción optimista; otros dicen que la mitad es falso y la otra mitad no es verdad. Da la impresión de que hay una auténtica legión de internautas sin el menor sentido crítico que reenvían sistemáticamente todo lo que reciben, puede que incluso sin leerlo (no tiene otra explicación recibir un mensaje de correo electrónico que incluye la prudente advertencia de colocar las direcciones en copia oculta pero que muestra todas las direcciones insertadas por el remitente), y que parecen tener una especial predilección por los bulos, los hoaxes o las falsas noticias por muy estúpidas que resulten. Que nunca se reciben una sola vez, los mensajes más exitosos te bombardean durante varios días.

Hace unos meses me llevó a la desesperación recibir varias veces la noticia de que este año de 2012 tiene un mes de julio con cinco viernes, cinco sábados y cinco domingos, algo que sucede solamente cada 823 años y que da buena suerte. De que lo primero es falso cualquiera puede darse cuenta echando un vistazo al calendario; de que lo segundo es una tontería (es normal cada cierto tiempo en meses de 31 días cuyo día 1 coincida en viernes) puede darse cuenta cualquiera con un mínimo de neuronas que funcionen; y de que lo tercero no tiene el menor sentido, por muy supersticioso que sea uno, a la vista de que fallan las dos premisas anteriores debieran haberse dado cuenta los remitentes por muy incautos que fueran.

La última estupidez que me saca de quicio y que circula por las redes es que España es el país con más políticos por habitante de Europa ya que se supone que tenemos nada menos que 445.568 políticos, dice la supuesta noticia que 300.000 políticos más que Alemania y el doble que Italia y Francia. La cantidad viene de un supuesto estudio interno “elaborado por tres asesores de la Presidencia del Gobierno” y al que ha tenido acceso en exclusiva el blog digital que la difunde (diarioelaguijon.com) que incluye un cuadro con las cifras por categorías. No hay más que echar un vistazo general para darse cuenta de que el criterio empleado para establecer cuántos políticos hay hace aguas por todos lados, empezando por lo dudoso de que 350 diputados y 266 senadores sumen 650.

Aparecen en la lista 131.250 políticos empleados en empresas públicas; teniendo en cuenta que según la Encuesta de Población Activa del INE los asalariados en empresas e instituciones públicas son 147.700, parece que han considerado como políticos desde los conserjes hasta los informáticos excluyendo solo a los becarios. Los 65.130 sindicalistas liberados resulta que también son políticos y las 31.210 personas que trabajan en las organizaciones patronales también, deben serlo hasta las señoras (o señores) de la limpieza. Los 6.000 políticos de las Cámaras de Comercio también llaman la atención teniendo en cuenta que sólo tienen unos 3.000 trabajadores. También figuran como políticos 8.112 alcaldes (no sé qué pasa con los cuatro alcaldes que faltan ya que en España hay 8.116 ayuntamientos) y 65.896 concejales (68.230 concejales, incluyendo alcaldes, dicen los datos oficiales del Ministerio del Interior que fueron elegidos en mayo de 2011, tampoco cuadran los números pero pelillos a la mar). Pensar que son políticos los miles y miles de alcaldes y concejales de pueblo (4.861 municipios no llegan a los mil habitantes) que acuden al ayuntamiento sin cobrar un euro después de salir de su trabajo como agricultores, tenderos, obreros, médicos, fontaneros o amas de casa, o sin salir del trabajo porque son jubilados o parados, carece del menor rigor. Qué decir de los 1.031 diputados provinciales que se suman a todos los anteriores sin considerar que todos ellos son también concejales porque así lo impone el sistema electoral, o los 2.800 políticos en mancomunidades con los que sucede lo mismo. Pero bueno, puestos a sumar, sumamos dos veces y no pasa nada. Lo que no sé es porqué no han sumado dos millones más para redondear cifras teniendo en cuenta que buena parte de las categorías del cuadro en realidad son funcionarios.

En fin, que así fácil salen los 445.568 políticos. Para decir que en Alemania solamente hay 145.568 (300.000 menos) imagino que prescinden por completo de los 12.379 municipios que hay en ese país con sus correspondientes alcaldes y concejales y para decir que en Francia hay la mitad de políticos que en España habrán ignorado sus 36.683 municipios, también con sus alcaldes y concejales.

En fin, risas aparte, estos bulos tan difundidos por la red no son inocentes. Todos van en la misma dirección: el problema de España es que hay demasiados políticos, demasiados funcionarios, demasiados sindicalistas, demasiado gasto público. Nos merecemos todos los recortes que nos impongan. En cambio, muchos menos datos circulan sobre el número de empresarios con dinero en paraísos fiscales, las subvenciones a las organizaciones empresariales, la cantidad de dinero público invertido en salvar negocios privados o cuántos empresarios y profesionales se escaquean de pagar impuestos, que no serán todos pero que deben ser muchos para que las cifras oficiales digan desde hace muchos años que declaran de media menos ingresos que los asalariados. Y poco se recuerda que la crisis económica en este país no la han causado los excesos del sector público, que estaba relativamente saneado (aunque por supuesto que existían abundantes casos de despilfarro y corrupción), sino los excesos del sector privado, principalmente del bancario y del constructor, jaleados no sólo por políticos irresponsables y economistas sin escrúpulos sino también por muchos medios de comunicación y una buena parte de la ciudadanía cegada por el espejismo de las diversas burbujas (financiera, hipotecaria, inmobiliaria) en las que ponía alegremente su dinero o sus esperanzas. Que no sé si ha escarmentado si traga mensajes tan burdos y tramposos  como el de los 445.568 políticos.

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Que les recorten las cabezas

No he tenido más remedio que acordarme de la Reina de Corazones, el furioso personaje de Alicia en el país de las maravillas que a cada paso bramaba “¡Que les corten las cabezas!” (Off with their heads!), al oir esta mañana en la radio la justificación que hacía el portavoz parlamentario de UPN del último recorte anunciado por el Gobierno del PP. Hay extranjeros, inmigrantes y turistas, que han abusado de la atención sanitaria universal que se presta en España. Pues eso, que se la recorten, si no la cabeza que en estos tiempos queda feo, la asistencia sanitaria. Fuera tarjetas sanitarias para todos los extranjeros.

La teoría del abuso como justificación de los recortes viene siendo repetida como un mantra en estos últimos años de crisis. Que hay algunos parados que abusan del subsidio de desempleo, recortemos los subsidios. Que hay algunos pensionistas que abusan de los medicamentos gratis, recortemos el derecho a los medicamentos con un módico repago farmacéutico. Que hay algunos funcionarios que abusan de las bajas por enfermedad, recortemos el salario a quien ose ejercer el derecho a estar enfermo. Que hay algunos estudiantes que abusan de su acceso a la universidad repitiendo asignaturas o abandonando la carrera sin finalizarla, recortemos la financiación y que paguen tasas más elevadas. Que hay manifestantes o huelguistas que abusan y acaban destrozando el mobiliario urbano, recortemos el derecho de manifestación o de huelga con nuevas leyes y tipificación de nuevos delitos. Que hay comunidades autónomas que han abusado de su autonomía y han despilfarrado y ahora las cuentas no cuadran, recortemos el derecho de autonomía con leyes básicas y la amenaza de reabrir el melón autonómico para desandar lo andado y recentralizar el Estado.

En fin, se trata de que ante la evidencia de que alguien ha abusado (no me cabe duda de que el abuso ha existido en todos los casos, donde hay uso hay abuso, hecha la ley hecha la trampa, la condición humana es así) hay que castigar a toda la población. Una técnica que todos hemos aprendido desde pequeños; cuando en el colegio alguien se portaba mal y el profesor no tenía claro quién había sido, castigaba a toda la clase que era mucho más cómodo que investigar.

Estoy impaciente por ver a dónde nos lleva este camino. Dado que hay evidencia de que en este país hay un fraude fiscal masivo por parte de empresarios y profesionales (todos lo sabemos porque declaran de media menores ingresos que los asalariados pese a que está claro quién vive en las mejores casas, conduce los mejores coches, come en los mejores restaurantes y en vacaciones se aloja en los hoteles más lujosos, y por si alguien no lo sabe no somos los asalariados) supongo que el castigo colectivo es inminente en forma de recorte de las subvenciones a las empresas, de limitación radical a la libertad de empresa e incluso de intervención masiva de empresas que defraudan. Dado que se sabe que hay bancos que abusan de sus clientes (hay muchas sentencias que tras leer la letra pequeña de los contratos les condenan por incluir cláusulas abusivas) o que han gestionado sus recursos de forma imprudente (ahí está ese parque de viviendas sobrevaloradas que dejó la burbuja inmobiliaria y que les quema los dedos y los balances), supongo que es inminente el castigo generalizado en forma de nacionalización. Dado que algunos miembros de la familia real parece que han tenido comportamientos poco ejemplares, incluso alguno de ellos delictivos, debe de estar al caer que por cuarta vez en la historia los borbones sean alejados del trono.

O quizás no. Quizás los castigos colectivos por el abuso de algunos se practiquen solo dependiendo de quiénes son los presuntos abusadores y dependiendo de la utilidad que obtenga quien castiga.

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Daños

“Interior propone que se impute a partidos y sindicatos si sus afiliados causan daños”, dice uno de los titulares de hoy. La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya se incluyó en la última reforma –por ahora- del Código Penal de 2010, pero se excluía expresamente a los partidos políticos y sindicatos, pero ahora el Gobierno de Rajoy está muy preocupado por los daños que se causan con motivo de determinadas manifestaciones que son aprovechadas por algunos sujetos para sembrar la violencia. “Y si los autores de los daños pertenecen a un partido político, sindicato o asociación haremos que la persona jurídica responda no solo civilmente sino también penalmente”, dice el secretario de Estado de Seguridad.

Me parece de perlas esto de que los partidos y sindicatos tengan que responder de los daños que causen. Cuanto antes mejor. Lástima que no estuviera el principio en el Código Penal a tiempo para que el PP responda de los daños que han hecho sujetos como Matas o Camps y todos sus demás implicados en casos de corrupción como el Palma Arena y similares. Pero a lo mejor todavía llegamos a tiempo para que el PP tenga que responder de los daños que se propone causar en el Estado de Bienestar.

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Una modesta proposición

Quizás las cosas no estén todavía a punto para tomar medidas como las que en el siglo XVIII explicaba Jonathan Swift para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda fueran una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles al público que consistía en destinar una parte de los niños de un año a convertirse en alimento, pero a la vista del exceso de jóvenes parados con nulas posibilidades de obtener un empleo adecuado a la costosa sobre cualificación profesional que les hemos proporcionado, y el previsible exceso de pensionistas no productivos que se va a producir en unos años con pretensiones de disfrutar de servicios sanitarios cada vez más costosos, quizás dentro de algún tiempo habrá que acudir a medidas imaginativas similares.

Pero hoy me limito a realizar alguna sugerencia en relación con el reciente Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, una de las cuales se explica en la exposición de motivos tal como sigue: “Por último se considera importante favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando también situaciones pasadas, siguiendo en esta línea la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia o querella. A tal efecto se introduce la correspondiente modificación en la Ley General Tributaria”.

Voces malévolas tachan esta medida como de amnistía fiscal a los defraudadores, dando un trato privilegiado a quienes venían incumpliendo sus obligaciones contributivas a costa del resto de ciudadanos que sí cumplían la ley. Nada de eso; no hay más que leer el Boletín Oficial del Estado para advertir que las palabras amnistía o defraudador ni siquiera aparecen. Se trata sólo de una regularización de situaciones tributarias gracias a la cual y por medio de ese 10 % que pagarán quienes se acojan a ella (a cambio del perdón de cualquier responsabilidad penal o administrativa) el fisco (o sea, todos nosotros)  conseguirá una buena cantidad que ayude a salir de esta complicada situación económica.

Y aquí es donde va mi proposición. ¿Por qué limitarnos al ámbito tributario? Tenemos a muchos otros ciudadanos que, sin duda, pagarían gustosamente una buena cantidad de dinero para regularizar su situación con, por ejemplo, la justicia penal. Sin duda que una buena parte de quienes pasan el tiempo improductivamente en la cárcel condenados por, un suponer, delitos de narcotráfico, defraudación, corrupción, asesinato, terrorismo, estarían dispuestos a ingresar la cantidad que se acuerde para regularizarse y obtener la libertad.  Obsérvese que el ahorro para el erario sería doble; además de los ingresos por regularización se obtendría el ahorro de disminuir sustancialmente la población penitenciaria. Y otros tantos fugitivos de la ley sin duda estarían también encantados de pagar una cantidad razonable por quedar exonerados de sus responsabilidades y poder dejar de huir.

Habrá quien diga que tales medidas de regularización podrían suponer una injusticia respecto de quien haya cumplido siempre la ley, o respecto de quien no pueda pagarse una regularización porque carece de dinero. No procede caer en esos escrúpulos moralistas. Por encima de todo está el sagrado principio de déficit cero al que nos debemos.

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Cerrado por huelga general

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Efemérides

7 de febrero de 2003. El Consejo de Ministros presidido por José Mª Aznar aprueba la remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

30 de junio de 2003. Se promulga la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.

Dice su exposición de motivos:

"El ciudadano tiene derecho a saber con certeza jurídica qué es delito o falta y qué no lo es. El mismo derecho tiene a saber cuál es la pena que le corresponde a la acción tipificada en la norma penal como delito o falta.

Consecuencia lógica de estos derechos y exigencia necesaria del principio de seguridad jurídica que rige nuestro ordenamiento, es el derecho del ciudadano a conocer con certeza cuál es la forma en la que se van a aplicar las penas, a saber, en definitiva, en qué se va a traducir en la práctica la pena o sanción impuesta.

La realidad diaria y la experiencia ponen de manifiesto cómo en el cumplimiento de las penas existen amplios ámbitos de discrecionalidad, ámbitos variables en los que resulta oportuno, según la mejor doctrina, establecer reglas para hacer un pronóstico más certero de la pena a cumplir.

Esta Ley Orgánica se dirige a perfeccionar el ordenamiento jurídico con el fin de concretar la forma del cumplimiento de las penas para conseguir que se lleve a cabo de manera íntegra y efectiva y, en consecuencia, dar mayor protagonismo al principio de seguridad jurídica en esta materia, siempre desde el escrupuloso respeto a los principios contenidos en el artículo 25 de la Constitución".

19 de marzo de 2012. Jaume Matas, uno de los miembros del Gobierno presidido por Aznar que aprobó el citado proyecto de ley, es condenado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a seis años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

21 de marzo de 2012. El fiscal no considera obligada la ejecución inmediata de la sentencia condenatoria siempre que se mantengan hasta la firmeza de la sentencia las medidas cautelares personales en vigor (fianza de 2,5 millones de euros, retirada de pasaporte, prohibición de salida del país, comparecencias personales quincenales).

Pregunta: ¿Veremos a Matas ingresar en la cárcel? ¿Cumplirá íntegra y efectivamente su condena, tal y como él deseaba para los demás? ¿Se ocupará Mariano Rajoy, otro de los miembros del Gobierno de Aznar que aprobó el proyecto de ley sobre cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de que se cumpla su pena?

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