EL IMPUTADO

El imputado se removió incómodo en la silla de la sala de espera. El juez tardaba en llamarle, la declaración del imputado anterior se prolongaba y su abogado también tardaba en regresar para contarle cómo iban las cosas. Para aplacar su creciente irritación se puso a juguetear con su smartphone. Más que preocupación, temor, vergüenza o culpa lo que sentía de verse en ese trance era indignación por la injusticia a la que estaba siendo sometido. Las acusaciones eran ridículas. No he hecho nada anormal, pensó, nada fuera de lugar, nada que no haga todo el mundo o, al menos, todo el mundo que yo conozca, o todo el mundo que tiene los suficientes cojones para hacer lo que hay que hacer, lo que les gustaría hacer a todos los demás y harían si tuviesen oportunidad. Todo por haber sido más hábil que otros manejando dinero y dirigiendo gente. Luego vienen los leguleyos a retorcer los hechos y las leyes para decir que has cometido un delito, que eres un corrupto, un delincuente. Como si ese fiscal no haría lo mismo si pudiera, o a lo mejor ya lo hace cuando no le ven, como si nunca pagase una factura sin IVA, o como si el abogado de la acusación fuera un angelito y nunca haya roto un plato, como si no se ha dedicado a defender gentuza y criminales de todo pelo por la pasta. Pero los hipócritas ríen y aplauden y jalean cuando a gente como yo la traen a pasar por este infame paseíllo. Todo es blablabla de ética y de legalidad y de democracia y de la madre que les parió, cuando todos saben que aquí o pisas o te pisan, o eres más espabilado que los demás o te joden, y lo demás son cuentos. Pero hay mucha envidia, envidia cochina. Con lo que me debe a mí esta puñetera sociedad. Y lo que tengo, lo que me he ganado, me lo merezco, me lo he currao teniendo más visión y más agallas que otros. El que vale vale, ni pa dios somos todos iguales, los derechos para el que se los merezca. Yo podría ser uno más de esos pringaos que se contentan con un trabajo de mierda porque no dan para más, o uno de esos vagos o de esos inútiles o cobardes que ni siquiera son capaces de tener un trabajo o un negocio y quieren vivir del cuento, del subsidio o de alguna hostia de esas. Pero no, a mí nadie me ha regalado nada, no he esperado a que me regalaran nada, he ido y lo he cogido. Que nada es casualidad. Muchos años trabajando, muchos años de sacrificio, de la mañana a la noche, muchos años dando la cara, muchos años haciendo favores a unos y a otros, que hay mucha gente que me debe mucho, que no serían nada si yo no les hubiese ayudado, y que ahora se esconden, que ahora dicen que apenas me conocían, que ellos no sabían nada. Como si nunca hubieran estado nunca comiendo de gratis en la misma mesa que yo, como si no hubieran aceptado el mismo dinero, como si no hubieran hecho la vista gorda cuando se les ha pedido, como si no hubieran estado en las mismas fiestas y los mismos saraos para celebrar los éxitos, cuando estábamos allí arriba, en lo más alto, en el lugar de los triunfadores. Sabandijas. No te puedes fiar de nadie. Pero ojo, que yo sé cosas, que tengan cuidado, que donde las dan las toman, que no he largado y no pienso largar, pero que si hace falta a lo mejor tengo que contar cosas. Que aquí nadie es inocente, que el que menos reía las gracias de otros. Y los periodistas. Vaya chusma. Van de dignos, se piensan que pueden acusar y manipular porque ellos están limpios. Como si no aceptaran favores cuando los han necesitado a cambio de publicar o de no publicar. A mí hay periodistas que también me deben unos cuantos reportajes, que les he pasado información de la buena, que les he dado papeles, y que ahora tampoco me conocen de nada o que tienen el valor de acusarme de lo que les da la gana. Pero es todo cuestión de suerte, cuestión de que te toque o que no te toque. Y de que alguien que te la tenga jurada de pronto también tenga suerte y te pueda cazar porque alguien se ha ido de la lengua, o alguien ha perdido los papeles y han acabado en malas manos, o alguien se haya cambiado de bando, o se haya vuelto demasiado ambicioso y piensa que tiene algo que vender. Y te montan este circo, como se lo podían haber montado a otro cualquiera. Pero te lo han montado a ti, por envidia, por interés, por casualidad. Y hala, a rasgarse las vestiduras todo el mundo, como si ellos fueran distintos, como si no tuvieran nada que esconder, como si nunca se equivocaran. Que sí, que algunos errores he cometido, sobre todo fiarme de quien no debía fiarme, de no haber previsto que al que vale, al que hace las cosas bien, le pueden  pasar estas cosas, que van a ir a por él. Pero no van a poder conmigo. A mi no me hunden, yo no soy de esos. Voy a pelear, para eso tengo un buen abogado con un buen despacho, que al final ser inocente o culpable depende de si tienes un abogado que se lo curre, que sepa moverse en los juzgados, que tenga sus contactos entre los fiscales y los jueces, sus influencias, sus artimañas, que sepa poner los recursos que haya que poner hasta que el proceso caiga en las manos adecuadas. Porque ya me ha dicho que el juez que nos ha tocado, malo, malo, uno de esos justicieros, que va para estrella, que ahora todos los jueces quieren salir en los telediarios. Hay que aguantar hasta que nos toque otro, cuestión de paciencia, los jueces van y vienen, ascienden, se trasladan, se jubilan, se recusan, los procesos van cambiando de manos. La cosa es aguantar cuando hay que aguantar y esperar el viento favorable. O provocar el viento, también hay formas, mi abogado se las sabe todas. Justicia, ya, para conseguir justicia también conviene tener lo que hay que tener, no la consigue cualquiera. Por fin, ahí viene este hombre, ya era hora, contento me tiene con todo lo que le pago, en fin, a ver qué me dice.

Publicado en Diario de Noticias 20 de mayo de 2013

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Debate prescindible

Ayer tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un debate perfectamente prescindible y que, por pretender plantear en términos jurídicos lo que debiera haberse planteado solo en términos políticos, lleva a la utilización de argumentos absurdos. Me refiero al debate entre el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, sobre la Cruz Laureada de San Fernando concedida por Franco a la provincia de Navarra en 1937.

El antecedente próximo del debate fue un artículo titulado “Navarra. Su escudo y la Laureada” del senador del PP José Ignacio Palacios publicado en octubre de 2012 y que, además de un canto nostálgico a los tiempos en que se concedió esa condecoración, mantenía que, pese a haber sido suprimida del escudo de Navarra por acuerdo de 26 de octubre de 1981 del Parlamento Foral, norma asumida luego en la Ley Orgánica 13/1982, de 16 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, dado que el Consejo de Estado en un dictamen de 4 de noviembre de 1982 señaló que ello no afectaba “al hecho indudable de que Navarra continua ostentando la Cruz Laureada de San Fernando” (este dictamen, como la mayoría de los informes o dictámenes de órganos consultivos que no sean vinculantes, no es sino una mera opinión), en realidad “la Cruz Laureada de San Fernando está como en hibernación” y que se puede recuperar por “generaciones futuras”.

Este artículo suscitó una “Resolución por la que el Parlamento de Navarra muestra su reprobación a la concesión y renuncia expresa a la denominada Cruz Laureada de San Fernando" aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2012 (BOPN nº 2, de 11 de enero de 2013). En esa resolución, entre otras consideraciones, se afirma que “el Parlamento de Navarra renuncia, en nombre del pueblo de Navarra, a la Cruz laureada de San Fernando”, pero también “insta al Gobierno de España a derogar el Decreto 411/1937, de 8 de noviembre, a fin de avanzar en el desarrollo de lo previsto en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre de la Memoria Histórica, la reparación de las víctimas de la dictadura y la reconciliación real y efectiva de la ciudadanía navarra”.

Este último inciso, que condujo al debate de ayer en el Congreso, creo que es un error. Primero, porque como acertadamente dijo el ministro, en realidad aquel Decreto no puede ser derogado porque no se trataba de una norma sino de un acto de concesión, que en todo caso podría ser anulado (sólo se derogan las normas, los actos se declaran nulos o se anulan). Suponiendo que pudiera considerarse como norma hubiera quedado ya derogada por la citada Ley de Memoria Histórica, pero del propio texto del Decreto 411/1937, de 8 de noviembre (BOE nº 390, de 14 de noviembre de 1937) se deduce que no contiene normas, sólo un acto de concesión, y además con unos efectos limitados. Dice su artículo único: “Como recuerdo a las gestas heróicas de Navarra en el Movimiento Nacional y homenaje a quien tan reciamente atesora las virtudes de la Raza, concedo a la provincia de Navarra la Cruz Laureada de San Fernando, que desde hoy deberá grabar en sus Escudos”.

Lo de que este acto debería haber sido anulado en "plazos perentorios que han transcurrido muy en exceso" que dijo el ministro es una sandez. No se puede a estas alturas presentar un recurso, pero la revisión de oficio para declarar un acto nulo de pleno derecho está abierta perpetuamente. Y este fue un acto nulo de origen, ya que el Reglamento de la Real y Militar Orden de San Fernando vigente por aquel entonces, el aprobado por Real Decreto de 26 de noviembre de 1925 (Gaceta de Madrid nº 336, de 2 de diciembre de 1925), no preveía la concesión de esa condecoración fuera de las fuerzas armadas; el art. 16 preveía la concesión colectiva únicamente a “Cuerpos, unidades orgánicas, buques y aparatos de Aeronáutica”, no a provincias (eso dejando de lado, claro, que la concesión debía hacerse por un real despacho refrendado por el ministro de la Guerra, no por un “jefe del Gobierno del Estado” proclamado por una autoconstituida Junta de Defensa a través de un golpe militar). Hasta el Reglamento aprobado por Real Decreto 2091/1978, de 3 de junio, no se previó que la Laureada Colectiva se pudiera otorgar “a provincia, ciudad, villa, localidad o núcleo habitado”, posibilidad que desaparece con el vigente Reglamento aprobado por Real Decreto 899/2001, de 27 de julio, que la limita de nuevo a personal militar, o a personal civil que preste servicios dentro de fuerzas militares organizadas, y la colectiva a “Unidades, Centros y Organismos de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de la Guardia Civil”.

Podría, en teoría, incoarse por ese motivo un procedimiento de declaración de la nulidad de la concesión. Pero tampoco tiene ningún sentido hacerlo respecto de un acto que ha quedado ya sin ningún efecto jurídico en virtud de otros actos posteriores. Los únicos efectos que tuvo, desde el origen, fue que figurara la Laureada en el escudo de Navarra (el Reglamento de 1978 también recogió en su art. 44 que “la Laureada Colectiva concedida a provincias, ciudades, villas, localidades o núcleos habitados, dará derecho a que la insignia figure enmarcando el escudo oficial correspondiente, si lo tuvieran, para lo cual será condición indispensable someter un diseño a la previa aprobación de la Maestranza de la Orden”). Ninguno de los demás efectos previstos en el Reglamento de 1925 o en los posteriores (pensiones, preferencia en ascensos y elección de destinos militares, tratamientos honoríficos, honores fúnebres, etc.), dado su carácter, tuvo nunca aplicación a la Laureada Colectiva concedida a Navarra. La supresión de la Laureada del escudo, decidida en 1981 y refrendada en 1982, eliminó ese uso; y si pudiera interpretarse que todavía se mantenía como derecho a recuperar definitivamente desaparece cuando el Parlamento de Navarra renuncia expresamente a la Laureada por el citado acuerdo de 21 de diciembre de 2012.

En este sentido, la apelación que hizo el ministro Morenés al "principio de seguridad jurídica" para desestimar una posible anulación del Decreto 411/1937 es inane dada la ausencia actual de cualquier efecto jurídico, como el propio ministro también reconoce. Y lo de que la concesión es irrenunciable tampoco tiene el menor soporte legal. Tal norma aparece por primera vez en el art. 13.6 del vigente Reglamento de 2001: “Estas recompensas militares, una vez concedidas, tendrán el carácter de irrenunciables”. Su aplicación, en todo caso, podría darse a las condecoraciones concedidas a partir de su entrada en vigor, no se prevé una aplicación retroactiva. Pero es que, además, por aplicación del principio de jerarquía normativa no cabe entender que por Real Decreto se pueda derogar el principio legal contenido en el art. 6.2 del Código Civil en cuanto a que los derechos son renunciables “cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”. Con arreglo a esta norma la renuncia por parte del Parlamento de Navarra es perfectamente válida en cuanto el Decreto 411/1937 pudiera conservar todavía algún valor.

Hecha la renuncia por quien tiene que hacerla, pues, sobra ya cualquier pronunciamiento del Gobierno de España o de cualquier otra institución. Los efectos jurídicos de la concesión de la Laureada ya están enterrados para siempre; en todo caso el debate ha quedado situado ya en el campo de la historia o de la política.

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CLASE POLÍTICA, CLASES DE POLÍTICOS

Suponiendo que exista una clase política, que no creo, no sé si pertenezco a ella. Según esos dudosos cálculos que circulan por ahí y que concluyen que en España hay más políticos que en ningún otro sitio, confundiendo políticos con cargos y metiendo en el mismo saco ministros, sindicalistas y concejales de pueblo, no soy político ya que no tengo ningún cargo. Según el criterio de considerar como tal a quien vive de la política, tampoco, mi profesión es otra y de los 31 años que llevo trabajando apenas 8 he dedicado al ejercicio de cargos políticos. Pero a menudo la gente considera que ser político es como ser cura o torero, imprime carácter y se conserva hasta la muerte aunque uno se retire, así que me dicen que soy político. Yo prefiero verme como alguien interesado por la política y activo en el ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadano, no solo por la impopularidad de los políticos sino porque nunca he disfrutado de las típicas cosas con las cuales se les asocia (coche oficial, visa oro, vuelos en primera, dietas por reuniones a las que no asisten, cesantías, un cargo en empresa pública al cese), pero por no perder tiempo y energías tampoco suelo discutir por poca gracia que me haga que me confundan con sujetos con los que no quiero tener otra relación que la de combatirles en sus ideas, programas y actos.

En cualquier caso, me ubiquen o no en ella, discrepo del uso tan habitual –para denigrarla, por supuesto- de la expresión “clase política”. Por más que sea un concepto clásico desde el estudio de Gaetano Mosca que lo identificaba como una élite dominante que monopolizaba el poder y los medios de acceso a él, sugiere una identidad de intereses y de actitudes entre todos los políticos que no es real. Mucho menos en estos tiempos tan alejados de los regímenes liberales decimonónicos que conoció Mosca, donde la política estaba reservada a la aristocracia y la alta burguesía. Tampoco es nada precisa la expresión de “casta política” que se utiliza como sinónimo todavía más despectivo, identificando a los políticos como un grupo cerrado y endogámico, alejado del resto de la sociedad o, peor, según se ha puesto de moda considerar últimamente, como una élite extractiva o parasitaria que vive a costa del resto de la sociedad y es responsable en exclusiva de la actual catástrofe económica y social.

Mi experiencia, valga mucho, poco o nada para el lector, me dice otra cosa. Ni todos los políticos son iguales, ni persiguen lo mismo, ni están en la política por lo mismo. Los he conocido de todos los tipos. Cínicos y sinceros; idealistas e hipócritas; trabajadores y vagos redomados; inteligentes y estúpidos; generosos y egoístas; competentes e incompetentes; honrados y sinvergüenzas; sabios y necios; buenos y malos, si es que se puede hacer tal diferenciación hablando de seres humanos. Porque, sobre todo, los políticos suelen ser seres humanos tan corrientes y vulgares como los demás, con las mismas miserias y virtudes. Igual que los no políticos, los apolíticos o los antipolíticos. No veo gran diferencia entre quienes están a un lado u otro de la línea. Los ciudadanos de a pie que reniegan de los políticos suelen parecérseles mucho más de lo están dispuestos a aceptar. No creo en el estereotipo de políticos malvados y ciudadanos angélicos de las películas de Frank Capra, tampoco en el de políticos superhéroes que ofrece la propaganda electoral. Los seres humanos, todos, solemos constituir una compleja mezcla de virtudes y  de defectos, de fortalezas y debilidades, de bondades y de malignidades, solemos ser capaces de lo mejor y de lo peor. Unos más que otros, claro, porque en cada uno las proporciones de la fórmula son únicas y por eso distinguimos a mejores personas de peores personas.

En general, y por desgracia, la mal llamada clase política suele tener un elevado nivel de mediocridad. He escrito en otra ocasión que nuestro sistema político no se distingue por reclutar a los mejores para el desempeño de las más altas responsabilidades públicas sino más bien por ahuyentar a algunos de los más capaces y eternizar a algunos de los menos preparados. Se suele conocer más, e identificar como los políticos por excelencia, a quienes van pasando de un cargo a otro sin que se les conozca otra profesión ni otra habilidad o mérito que su fidelidad a quien hace las listas cerradas y bloqueadas de nuestro sistema electoral, obviando que en cargos públicos hay muchas otras personas que tienen otra profesión y que han acreditado su capacidad en otra actividad a la que vuelven tras su paso por la política.

Pero toda esa gente que ocupa cargos políticos, durante un tiempo más breve o más largo, no constituye una clase social en ninguno de los sentidos clásicos del término, ni como colectivo que comparte la misma posición en relación a los medios de producción, o que comparte la misma conciencia de clase, o que ocupa la misma situación en el mercado en cuanto a disposición sobre bienes y servicios o a obtención de rentas e ingresos, o que comparte los mismos hábitos y estilo de vida. Con frecuencia su procedencia social es distinta y también los intereses a los que sirven. Por supuesto que existe una minoría dominante y extractiva, una casta dirigente que acumula poder y riqueza desde la cúspide de la pirámide social, pero no suele estar compuesta por políticos. Sus miembros prefieren no ser conocidos ni mancharse las manos con la política cotidiana que se hace en un parlamento, un ayuntamiento o un ministerio y delegan esas tareas en otros que ocupan un papel subordinado. A quienes de verdad mandan hay que buscarlos en el mundo de la empresa y de las finanzas, pocas veces en cargos políticos. Los políticos que aspiran a ingresar en esa élite saben que no lo harán directamente a través de la política, en la que no van a pasar de unos ingresos de clase media acomodada, sino que la política puede ser el trampolín para ocupar, luego, cargos mucho más lucrativos en la empresa pública o privada. Y hay quienes acuden a la política, efectivamente, buscando un medio de promoción económica y social. Pero muchos otros políticos, la mayoría, no dan ese salto, de la política vuelven a su vida anterior, a su trabajo anterior, al mismo medio social del que no han salido nunca.

Tenemos muchos políticos deplorables, podridos, indignos, aborrecibles, algunos directamente delincuentes y criminales. Pero cuando se acude al “todos son iguales” se está poniendo la base para difundir la idea de que, si todos son culpables, en realidad nadie es culpable en particular de nada concreto. Mal de muchos, excusa para todos. Quienes de verdad cortan el bacalao están muy felices con el desprestigio de los políticos y de la política, así, en general y a lo bestia. Los primeros sirven de chivo expiatorio colectivo -unos muy merecidamente y muchos otros como simples daños colaterales- de decisiones que no toman; la segunda, la política, se convierte en algo a evitar por la mayoría de la ciudadanía a quien en realidad correspondería hacerla. Qué más quiere el que manda que nadie quiera meterse en política –es decir, a cuestionar quién manda y para qué- de modo que todo siga igual, que sigan mandando los mismos. Mejor que quien quiera meterse en política lo haga con ideas suficientemente claras, a servirse que no a servir, a medrar sin escrúpulos ni demasiada conciencia, como para poder llegar a acuerdos razonables. Qué bien viene esta ceremonia de la confusión sobre una supuesta clase política, amorfa, impersonal, para tapar la realidad sobre las clases de políticos realmente existentes, para eludir las responsabilidades individuales.

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Patria

Sea una virtud o un defecto, no me siento nada patriota. Aunque, por supuesto, tengo patria en el sentido original del término, tierra de los padres, tierra donde uno ha nacido o vive y con la cual se siente más vinculado. Lo que algunos llaman también patria chica en una expresión redundante, esa tierra nunca puede ser muy grande. Recuerdo que uno de mis profesores describió la patria como un lugar que se abarca con la vista desde una montaña. En este sentido mi patria probablemente sea la de la foto, la cuenca de Pamplona (ese trozo de tierra delimitada por las sierras del Perdón, de Sarbil y de Tajonar y por el monte Ezkaba-San Cristóbal, y atravesado por el río Arga) vista desde el puerto de Etxauri. La patria en este sentido no reclama nada, ni deberes ni sacrificios. En cambio, el patriotismo se refiere al otro sentido de patria, más moderno, la patria en sentido político, la nación, esa que exige fidelidad y morir o matar por ella. Esa patria grande donde hay lugares que uno no conoce ni donde va a poner el pie jamás, una tierra que uno no puede abarcar con la vista, más un concepto abstracto que un lugar, algo imaginado que para concretarse necesita mapas, banderas, himnos. Esa idea que sirve para manipular sentimientos y voluntades. Comparto eso que dijo Pío Baroja allá por 1935: "La falta de un sentimiento patriótico natural, biológico, falta que se observaba en nuestra juventud, se debía indudablemente al abuso hecho por los políticos de la retórica patriótica, que les servía de capa para cubrir sus insensateces". Y vaya si desde entonces no ha habido retóricas patrióticas, y no solo insensateces sino muchos crímenes justificados en nombre de alguna patria. De esa patria yo prefiero no tener.

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Maldita hemeroteca (II). Mentiras sobre mentiras

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, publica el 8 de marzo de 2013 una carta en Diario de Navarra titulada “No puedo cambiar el pasado, pero sí el futuro”, donde reconoce que el cobro de dietas en Caja Navarra ha sido un error:

«En su carta, Barcina ha argumentado que "las dietas recibidas por formar parte de los distintos órganos de Caja Navarra eran una práctica habitual durante décadas en la Comunidad foral". "Estas percepciones retribuían la responsabilidad y dedicación adquiridas por los miembros de los consejos de administración, pero con el paso del tiempo, se consolidaron como un 'complemento fijo' del salario de los representantes públicos", ha añadido.

Según ha resaltado, "hasta ahora, y durante décadas, nadie ha tenido el valor para acabar con este sistema, ni tan siquiera para denunciarlo públicamente". Así, ha puesto de relieve que "incluso los partidos nacionalistas han pugnado por entrar en este sistema de retribuciones"».

Hace falta mucho valor, no para acabar con ese sistema, sino para mentir con tal descaro. Durante décadas fueron muchas las denuncias y muchas las iniciativas que se formularon para evitar esas y otras dietas, estableciendo una única retribución para los miembros del Gobierno de Navarra. Como para muestra vale un par de botones, relataré dos iniciativas en ese sentido que conozco de primera mano por haber participado directamente en ellas.

En el año 2002 el grupo parlamentario de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de Ley Foral del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (Boletín Oficial del Parlamento de Navarra nº 9, de 7 de febrero de 2002). Fue tomada en consideración (con el voto en contra de UPN, el partido al que entonces pertenecía y actualmente preside Yolanda Barcina) y tramitada pero el poco interés de otros grupos hizo que finalizara la legislatura y caducara el expediente sin aprobarse. Pues bien, el artículo 14 de esa proposición regulaba las incompatibilidades del presidente (y, por remisión, de los demás miembros del Gobierno) estableciendo expresamente que, en el caso de desempeño de alguna de las actividades compatibles, no percibirían “otras retribuciones ni compensaciones económicas que las señaladas específicamente en los Presupuestos Generales de Navarra”.

En la legislatura siguiente es el Gobierno de Navarra (en manos de UPN y CDN) el que remite al Parlamento un proyecto de Ley Foral del Gobierno de Navarra y de su Presidente (Boletín Oficial del Parlamento de Navarra nº 62, de 5 de julio de 2004). Coincide en algunos aspectos con la proposición anterior de IU, pero no desde luego en cuanto a las retribuciones ya que no señala aquel límite. Entre las enmiendas que se presentaron al proyecto (Boletín Oficial del Parlamento de Navarra nº 86, de 19 de octubre de 2004) la enmienda nº 26 formulada por IU proponía regular las retribuciones del presidente del Gobierno del siguiente modo:

“1. Las retribuciones del Presidente del Gobierno de Navarra se fijarán de forma  expresa y cuantitativa en los Presupuestos Generales de Navarra. 2. El Presidente del Gobierno no percibirá ninguna cantidad distinta de la fijada en los Presupuestos Generales de Navarra por el desempeño de su cargo ni de otros que estuvieran asociados al mismo. En el caso de que la asistencia a las sesiones de otros órganos o instituciones de los que forme parte lleve aparejada la percepción de dietas o compensaciones económicas, esas cantidades serán ingresadas por la Hacienda Foral”.

La enmienda nº 27 de EA tenía un contenido similar: “Las retribuciones del Presidente del Gobierno de Navarra se fijarán en los Presupuestos Generales de Navarra, no pudiendo percibir retribución alguna, ni en concepto de dietas, de ninguna otra sociedad, institución u organismo público o privado, por su participación como Presidente del Gobierno de Navarra”.

Estas enmiendas, que hubieran acabado con el sistema de dietas, las de Caja Navarra y cualesquiera otras, fueron rechazadas con los votos de UPN y CDN. En el debate final del proyecto ante el Pleno del Parlamento (Diario de Sesiones del Parlamento de Navarra nº 34, de 25 de noviembre de 2004) intervine para defender la posición del mi grupo y sobre este tema dije lo siguiente: “En otras enmiendas nuestra postura es favorable, en particular en las que se refieren a la retribución de los miembros del Gobierno, porque van en una línea que nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo, y es que los miembros del Gobierno perciban una única retribución, una única cantidad que, por supuesto, tendrá que ser adecuada al cargo y suficiente, pero en aras de la transparencia creemos que debe eliminarse la costumbre de que se perciban otras cantidades, normalmente como dietas por asistencia a otros órganos” (p. 16). Y al expresar el voto final favorable en su conjunto a la ley, pese a algunas discrepancias puntuales, insistía en el mismo tema: “Nos hubiera gustado que también se estableciera ese principio de una única retribución para los miembros del Gobierno. No ha sido posible porque de momento en eso no hay consenso, y ese debate queda ahí pendiente. Yo digo pendiente porque estoy convencido de que algún día esa norma se aprobará cuando haya una mayoría suficiente en esta Cámara” (p. 19).

Se mantuvieron las dietas, y no solo se mantuvieron, sino que se incrementaron y se introdujeron en órganos de nueva creación de más que dudosa utilidad (salvo para percibir dietas de dos en dos o de tres en tres) como la Junta de Entidades Fundadoras y su Comisión Permanente, eliminadas cuando, y solo cuando, estalla el escándalo en los medios de comunicación, y ni un segundo antes.

El papel lo aguanta todo, pero el de las hemerotecas, además, lo aguanta años y años después.

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Maldita hemeroteca

Debieran prohibirse todas las hemerotecas. Los ejemplares de los periódicos debieran destruirse en el plazo de una semana desde su publicación; las ediciones digitales debieran borrarse por completo al día siguiente. Porque las hemerotecas permiten comparar lo que dijeron determinadas personas hace unos meses, hace unos años, y lo que han dicho hoy. Y muchas veces la comparación lleva a la conclusión de que determinadas personas, mienten, o tienen muy poca memoria, o han cambiado mucho.

Yolanda Barcina, el 5 de septiembre de 2010, hace dos años y medio, tenía claro que ciertas cosas no eran muy admisibles cuando devolvió un reloj que le regaló Caja Navarra. Decía entonces: “Creo que los políticos tenemos que ser muy sensibles a lo que piensa la sociedad, que hay prácticas que van cambiando conforme la sociedad evoluciona y a mí me parece bien que cambien. Yo nunca había recibido un regalo de este importe”. Le preguntaban: “¿Ve normal que un político lleve en la muñeca un reloj regalado cuyo precio equivale al sueldo de 10 meses de un mileurista?” Y respondía: “Si viera eso normal, no hubiera devuelto el mío. Pero lo devolví sin que nadie me instase a ello. Quizás he cambiado una tradición. O he dado los pasos para que se inicie un cambio”.

Pero el 8 de marzo de 2013 tiene una visión muy distinta de lo que pensaba la sociedad entre los años 2010 y 2011, cuando percibió unas dietas de Caja Navarra en unas cuantías muy superiores al valor del reloj devuelto. Así habla en Radio Nacional de España: «Ha advertido que las dietas percibidas en CAN "no eran solo por asistir, sino por la responsabilidad" acumulada, y ha subrayado su "alta" cuantía pero que eran "dietas análogas" a las que cobraban otros altos cargos tanto en otras entidades bancarias como en diferentes organismos de CAN sin origen político, algo que en esos casos han seguido haciendo "hasta hace unos meses". Ha incidido en que tras su llegada a la presidencia del Gobierno, en junio de 2011, decidió "suspender" las dietas que los políticos cobraban en la Junta y en la Comisión Permanente, lo que ha considerado que es hacer "autocrítica"».

Resulta, sin embargo, que su llegada a la presidencia del Gobierno de Navarra el 1 de julio de 2011 no coincide con la supresión de esa Comisión Permanente ni de esas dietas, sino con su consolidación en los estatutos de Caja Navarra, ya que hasta entonces se había reunido extraoficialmente. Así consta en declaración del secretario de ese órgano ante el juez: « Según la declaración de Alberto Pascual, secretario de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra y de la Comisión Ejecutiva Asimismo y según consta en las actas de la declaración (se pueden ver en esta web), Pascual explicó que él entendía que no existía un órgano aparte de la Junta de Entidades Fundadoras sino que las reuniones que Sanz, Barcina y Miranda celebraron entre el 31 de agosto de 2010 y hasta junio de 2011 (fecha en la que ya se nombra una Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras) eran, en realidad, sesiones “reducidas” de la propia junta». Como nueva presidenta de la Junta de Entidades Fundadoras no tomó ninguna iniciativa para suprimir esas prácticas sino que convocó las correspondientes dobles reuniones en agosto y septiembre de 2011. Sólo en octubre de 2011, cuando la prensa destapa la existencia de la Comisión Permanente y la existencia de sus dietas, se inicia el proceso de supresión.

Que no había ninguna intención previa de abordar esa supresión se deduce de la reacción inmediata que tienen ante las primeras informaciones algunos de los miembros de esos órganos y perceptores de dietas, personas muy próximas a Yolanda Barcina. Así se pronunciaba el 11 de octubre de 2011 el alcalde de Pamplona: «Enrique Maya, ha dicho "entender" las críticas contra el cobro de dietas de políticos por su pertenencia a órganos gestores de cajas y organismos de distinta índole, si bien ha dicho "reivindicar" que este dinero responde a "decisiones y aportaciones" a estas entidades. Pese a ser "consciente" de las críticas que en tiempos de recortes de servicios ciudadanos puede acarrear, ha subrayado: "En general, reivindico que por la pertenencia a distintos consejos de administración, sociedades, gerencias o cualquier órgano, lo que se cobra deriva de algo que haces", de las "decisiones" que se toma como miembro o de las "aportaciones" que realiza».

El recuerdo de aquello que tiene el 8 de marzo de 2013, sin embargo, es distinto: «Maya ha explicado que él acudió a las reuniones en su calidad de alcalde porque "formaba parte de la Junta de Entidades Fundadoras y de la Permanente" y ha asegurado que él trabajó "desde el primer momento, ante el conocimiento de la cuantía de esas dietas, por que esas dietas desaparecieran". Según ha añadido, "de hecho desaparecieron las dietas y desapareció la propia Junta con los nuevos estatutos ante la nueva configuración de la Caja"». Pese a que Maya, junto a Barcina, se presenta como alguien a quien hemos de agradecer la supresión de las dietas, resulta que «”al ser preguntado por si se arrepiente de haber cobrado esas dietas, ha sido tajante al afirmar que "sí". "Aunque forma parte del trabajo que me correspondía realizar como alcalde de la ciudad, viendo el recorrido de todo esto, uno lo analiza y ve, a parte de lo que manifesté sobre esa cuantía, que hubiera sido mejor que no hubieran existido"».

Por otro lado, el día 12 de octubre de 2011 «El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda, ha defendido como "totalmente ético" cobrar dietas de Caja Navarra porque "es lo que se ha percibido siempre, desde hace muchísimos años, por parte de los miembros del Gobierno de Navarra". "Es nuestro sueldo, forma parte de la retribución de los miembros del Gobierno", ha dicho».

Sobre la “responsabilidad acumulada” que retribuían las dietas Yolanda Barcina el 27 de diciembre de 2012 tenía una opinión muy distinta a la de ahora, ya que entonces no se consideraba responsable de nada: «Preguntada por si siente alguna responsabilidad en los pasos que se han dado en CAN, dado que era miembro de los órganos de gestión de CAN, Barcina ha remarcado que ha estado en esos órganos "por imperativo legal como alcaldesa de Pamplona"».

Devolvió el reloj; ¿devolverá las dietas?

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OTRO RECORTE CAMUFLADO EN EL TASAZO

La infausta Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales, contiene entre sus pliegues, en particular en su disposición final segunda, otro recorte de derechos que está pasando lógicamente inadvertido dado que su articulado ya resulta suficientemente escandaloso.

Dice esa disposición que “queda derogado el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, enunciado poco revelador y que supone la pura y simple supresión, a partir del 22 de noviembre, de la facultad reconocida a los funcionarios públicos de no necesitar abogado ni procurador para actuar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino poder comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios (salvo cuestiones que impliquen separación de empleados públicos inamovibles, donde sí necesitarán abogado).

Se trata de un modo más de entorpecer el acceso a la Justicia, en este caso de los funcionarios públicos, cuya intención es evidente, prevenir el previsible incremento de recursos y conflictos que pueden suscitar las diversas medidas lesivas de sus derechos que está promoviendo el Gobierno de Mariano Rajoy y, entre ellas, la supresión de la paga de Navidad. Y lo hace la ley mintiendo en su exposición de motivos al afirmar que esa facultad suprimida “carece ya de sentido” porque “la práctica demuestra como esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz”.

Tan bajo hemos caído que, con la actual redacción, la ley que regula esta jurisdicción resulta hoy menos garantista de los derechos de los ciudadanos que la anterior Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, una ley franquista pero técnicamente muy avanzada para aquellos tiempos. Como explicaba su exposición de motivos, se abandonaba el criterio tradicional de la legislación de lo contencioso-administrativo sobre innecesariedad de asistencia de técnicos del derecho, abogados y procuradores, pero haciendo excepción con aquellos a  quienes se suponía un conocimiento del derecho, los funcionarios públicos en el proceso especial de cuestiones de personal (arts. 33 y 113). Es decir, la exigencia del abogado nada tiene que ver con la agilidad o eficacia del procedimiento, se impuso en atención a las garantías del ciudadano y, por ello, se exceptuaba cuando el ciudadano está en condiciones de defenderse por sí mismo como es el caso de los funcionarios (y la excepción se exceptuaba cuando se estaban jugando ser sancionados con la expulsión de la función pública, exigiendo entonces asesoramiento por abogado por la gravedad de la materia).

Y se disfraza también la realidad al decir la exposición de motivos que “en relación con los funcionarios públicos se ha de destacar también la exención de la tasa en los procesos contencioso-administrativos que inicien en defensa de sus derechos estatutarios, equiparándose su posición a la de los trabajadores en general en el orden social”. Es una verdad a medias, que suelen ser las mayores mentiras, se equipara en cuanto a tasas pero no en cuanto a comparecencia en juicio. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, permite en su art. 18 a las partes comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Es obvio que resulta mucho más gravoso y un obstáculo mayor para el acceso a la Justicia el exigir comparecer con abogado que exigir el pago de las tasas, dado que lo primero habitualmente va a suponer un mayor coste económico. Lo que sucede ahora es que se rompe la equiparación, el trabajador puede acceder a la jurisdicción social para defender sus derechos laborales sin abogado, si así lo decide, pero el funcionario necesita un abogado si quiere defender sus derechos estatutarios ante la jurisdicción competente que es la contencioso-administrativa.

Un abuso más de la mayoría absoluta del PP, que cada vez se parece más al caballo de Atila. Allá por donde va pisando no vuelven a crecer los derechos constitucionales.

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¿Dónde está el Mac Guffin?

Hitchcock llamaba Mac Guffin al pretexto usado al construir sus tramas de suspense: planos secretos, claves numéricas, dinero, cargamentos de uranio; cualquier cosa que obliga a los personajes a ir, venir, buscar, ocultar, huir, matar. Pero el contenido del Mac Guffin, una mera excusa argumental, no es importante y ni siquiera hay por qué explicarlo. Hitchcock explicó a Truffaut lo que es con una historieta: «Van dos hombres en un tren y uno de ellos le dice al otro “¿Qué es ese paquete que hay en el maletero que tiene sobre su cabeza?”. El otro contesta: “Ah, eso es un McGuffin”. El primero insiste: “¿Qué es un McGuffin?”, y su compañero de viaje le responde: “Un MacGuffin es un aparato para cazar leones en los Adirondacks”. “Pero si en los Adirondacks no hay leones”, le espeta el primer hombre. “Entonces eso de ahí no es un MacGuffin”, le responde el otro». Importa a los personajes de la película, pero no tiene por qué preocupar a los espectadores. Para Hitchcock su mejor Mac Guffin era el de Con la muerte en los talones, reducido a la nada; nunca se llega a saber qué buscan exactamente los espías que persiguen a Cary Grant a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Algo parecido hizo Tarantino en Pulp Fiction; tampoco sabemos nunca qué hay dentro del maletín que viene y va y ante cuyo contenido los personajes quedan maravillados.

Como sucede con tantos Mac Guffin, el de la esperpéntica trama del “caso Cervera” está quedando fuera del foco de atención de los espectadores. En este caso, el Mac Guffin era el sobre oscuro que, según el mensaje anónimo de correo electrónico supuestamente recibido por Santiago Cervera el 29 de noviembre, estaba ya a su disposición en una rendija de la muralla. ¿Qué ha sido de ese sobre? Cervera no acudió a recogerlo hasta el día 9 de diciembre, y entonces ya no estaba, lo que recogió fue el sobre señuelo colocado por la Guardia Civil el día 7 de diciembre intentando cazar al chantajista anónimo que había exigido mediante mensaje de 4 de diciembre a José Antonio Asiáin 25.000 euros en un sobre a depositar en dicha rendija. En algún momento entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre, cuando la Guardia Civil monta su dispositivo de vigilancia, el sobre con documentación comprometedora para Asiáin desapareció de la rendija. ¿Quién se lo llevó? O quizás nunca existió. O quizás existió pero su contenido, si llegara a hacerse público, sería tan decepcionante como limitarse a acusar a Asiáin de algo que él mismo ha reconocido: que siendo presidente de Caja Navarra su despacho de abogados y a través de un hijo suyo trabajaba para esa entidad financiera. Un comportamiento dudosamente ejemplar que gracias al protagonismo cobrado por Cervera está pasando por toda la historieta casi inadvertido e indemne (¿es usual que los hijos de los presidentes de las entidades financieras sean contratados por éstas?).

En las inmediaciones de la rendija hay una cámara de videovigilancia, al parecer municipal, cuya presencia indujo a Cervera a intentar camuflar su identidad mediante gorro y bufanda mientras recogía el Mac Guffin (¿qué tenía que ocultar?). Dice el jefe de la Policía Municipal que no han revisado las grabaciones. Resulta que en esas grabaciones debiera haberse recogido si alguien depositó, efectivamente, el sobre oscuro el día 29 de noviembre, o en fechas próximas, y si alguien lo recogió entre ese momento y el 7 de diciembre en el que ya no estaba. La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, dispone que “las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes”. Todavía no ha pasado el mes, es de suponer que no se han destruido. ¿O si?

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