Una historia poco edificante

Como todo el mundo sabe, el 11 de mayo del pasado año 2011 hubo un terremoto en la localidad murciana de Lorca que produjo nueve víctimas mortales y elevados daños materiales. Como es lógico, las ayudas y promesas de ayudas de todo tipo llegaron de inmediato de diversas instituciones públicas y privadas.

El 16 de mayo el Gobierno de Navarra acordó la concesión de una ayuda por un importe de 636.924 euros, un euro por cada navarro "destinada a acometer las obras de reparación de edificios e infraestructuras públicas dañadas por el terremoto y, en especial, su patrimonio histórico-artístico".

El 16 de diciembre el Gobierno de la Región de Murcia comunica que "la Comunidad destinará esta ayuda a las labores de reparación de edificios, servicios, redes de abastecimiento o infraestructuras públicas que resultaron dañadas".

En diciembre también la Conferencia Episcopal Española comunica que ha donado medio millón de euros para la reconstrucción de la iglesia de Santiago, la más dañada, que se une a otro medio millón de ayuda aprobado tras el terremoto, y a las ayudas de otras diócesis junto a las cuales se suma el grueso de los 2,5 millones necesarios (perfecto, la Iglesia repara las iglesias, como debe ser).

El 19 de enero de 2012 el Gobierno de Navarra comunica que con motivo de su asistencia a Fitur el alcalde de Lorca ha agradecido a Navarra los 636.924 euros recibidos "que se destinarán a facilitar que este año vuelva a salir la procesión de Semana Santa, declarada fiesta de interés turístico internacional".

El 7 de febrero Izquierda-Ezkerra anuncia que va a pedir explicaciones al Gobierno de Navarra en el próximo pleno del Parlamento de Navarra previsto para el jueves 9 de febrero sobre si consideran que el destino "procesional" de la ayuda otorgada por Navarra a la localidad de Lorca era el destino más prioritario.

El 8 de febrero el alcalde de Lorca "muy dolido" aclara que la ayuda no ha llegado todavía a Lorca puesto que se trata de un convenio entre la Comunidad Foral y la Comunidad Autónoma de Murcia y que su destino no es celebrar una procesión sino que será "colaborar a financiar la recuperación de las sedes religiosas de las dos principales Cofradías de Semana Santa de Lorca", el Conjunto Monumental  de Santo Domingo y San Francisco, ambas iglesias declaradas Bien de Interés Cultural.

El mismo 8 de febrero el portavoz del Gobierno de Navarra explica que la ayuda iba dirigida a la recuperación del patrimonio artístico e histórico y sobre su destino exacto que "el Gobierno, cuando tenga que pedir justificación, la pedirá por el conducto ordinario, eso no quiere decir ni que lo desconozca ni que no, todas las ayudas se dan condicionadas a una finalidad y con un procedimiento". En fin, que no sabe si el Gobierno sabe o no sabe en qué se gasta el dinero.

Un buen ejemplo de transparencia y buena gestión del dinero público. Estoy impaciente por saber qué explicación dará el Gobierno ante el Parlamento y quedarme tranquilo sobre a dónde va a ir mi euro.

APÉNDICE DE ACTUALIZACIÓN 9-2-2012

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Roberto Jiménez, ha afirmado que el dinero que ha destinado la Comunidad Foral a Murcia para paliar los daños provocados por el terremoto de Lorca ha ido dedicado a la "reparación de centros escolares, centros sanitarios y obras de emergencia" y que "no ha habido nada ni de procesiones, ni de iglesias, ni de nada por el estilo".

El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha dicho en Parlamento que la Comunidad Foral y Murcia firmaron un convenio que "establece que la ayuda estará encaminada a labores de reparación de edificios públicos, redes de abastecimiento o infraestucturas dañadas, es decir, a reconstruir todo lo destruido por el terremoto", y que queda por asignar la mitad de la ayuda siendo la propuesta del Ayuntamiento de Lorca destinarla a recuperar dos iglesias declaradas bien de interés cultural y que son patrimonio monumental y artístico de la ciudad, por lo que "esto encajaría en el convenio, pues se habla de recuperar edificios públicos, también los que se refieren al patrimonio".

Empiezo a dudar de si realmente hubo algún terremoto en Lorca...

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Reneses y dimisión

Está abierto el debate en el seno de IU sobre si Miguel Reneses debe dimitir como miembro de la asamblea autónomica de Madrid al estar imputado por un supuesto acoso sexual.

Vaya por delante que no conozco ni los hechos ni a Reneses y, dado que se ha lanzado la acusación de que todo está instigado desde dentro de IU por alguna corriente contraria, he de aclarar que no tengo ni idea si soy de los nuestros o de los otros. Casi nunca acabo de comprender los enfrentamientos internos que se producen en Madrid o en otras federaciones de IU sobre todo porque cada cierto tiempo cambian las alianzas y los que estaban en bandos enfrentados de pronto aparecen en la misma lista, o viceversa. Me conformo con entender más o menos (que no siempre es fácil) quién es quién en Navarra.

Sobre si Reneses está obligado a dimitir, pienso que no (otra cosa es si él decide hacerlo). No tengo más remedio que sacar mi condición de jurista para apelar a las normas vigentes:

a) El Compromiso Ético por la Regeneración Democrática firmado el 8 de abril de 2011 por los candidatos y candidatas de IU prevé únicamente la “dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística”. No es el caso, se le acusa de otra cosa.

b) El art. 8 del Código Ético aprobado por el Consejo Político Federal el 16 de diciembre de 2006 dispone que "Los militantes y/o cargos públicos de IU imputados por un juez o magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos público o privados, malversación y apropiación de caudales públicos, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o violencia de género, cesarán de forma inmediata de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local si los tuvieren. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista sentencia absolutoria", norma que veo que se esgrime en diversos blogs para exigir la dimisión. Pero el precepto más adelante añade lo que sigue: "Con el fin de preservar la presunción de inocencia de cualquier militante y/o cargo público, cuando el afectado/a entienda que la acusación formulada no tiene sustento fáctico y pretende únicamente la suspensión de su militancia y/o apartamiento del cargo público que ocupara, podrá solicitar un pronunciamiento del Consejo Político Federal de IU sobre el aplazamiento de la medida cautelar de suspensión de su militancia o desempeño del cargo público, o prohibición de concurrir a elecciones en lista de IU. Tal pronunciamiento del órgano federal se realizará tras la apertura de un procedimiento contradictorio, instruido por la Presidencia Federal de IU en el cual el afectado/a podrá alegar lo que convenga a su derecho. El pronunciamiento del Consejo Político Federal deberá producirse en un máximo de 3 meses desde que el militante afectado/a solicitara el inicio del procedimiento".

Pues eso, que se apliquen las normas y que se pronuncie en su día el órgano competente. Y mientras, mejor todos callados.

Y he de añadir que mi opinión sobre este tipo de normas la expuse hace algún tiempo en este blog y a ella me remito íntegramente: http://mizubel.lacoctelera.net/post/2011/04/19/imputados-procesados-y-responsables

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Nada es para siempre

Hay que agradecer la claridad con la que se expresó ayer Mariano Rajoy: “De la misma manera que le digo eso, también tengo que decirle que en la vida nada es para siempre”. No es sólo una frase, explica bien una actitud y algunos hechos recientes, como que después de mostrarse contrario a subir impuestos, incluso en su discurso de investidura como presidente del Gobierno, una de las primeras cosas que ha hecho como presidente del Gobierno ha sido precisamente subir los impuestos. Groucho Marx vino a decir lo mismo con su célebre afirmación: “Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”.

La frase de Rajoy es muy oportuna teniendo en cuenta que se pronuncia al día siguiente de la muerte de Manuel Fraga, fundador y padre espiritual del PP y un buen ejemplo sobre la mentalidad de la derecha española. Hasta el último día se mantuvo firme, negándose a cualquier arrepentimiento, en unos principios que fue variando a lo largo de su vida según interesaba en cada momento. Ciertamente, para mantener una vida pública de sesenta años sin bajarse del coche oficial hasta pocas semanas antes de su muerte, tal flexibilidad es muy recomendable. Así pudo pasar de su apoyo más que activo al régimen franquista, del cual fue ministro de propaganda, a ser uno de los más ilustres fundadores de la democracia en nuestro país (alguna lengua malvada dirá que así salió nuestra democracia); así pasó del brazo en alto y de los principios fundamentales del Movimiento que eran “por su propia naturaleza permanentes e inalterables”, visto su fracaso electoral de 1977 con un programa que propugnaba la simple reforma de las leyes fundamentales del franquismo, a ser uno de los padres de la Constitución que las derogó; así pasó de abominar del término nacionalidades en el texto constitucional y de prometer una reforma en cuanto tuviera mayoría para hacerla, a votar favorablemente el estatuto de autonomía que reconocía a Galicia como nacionalidad histórica y a convertirse en fervoroso autonomista desde la presidencia de la Junta de Galicia. En cualquier caso siempre un buen ejemplo de ardiente patriotismo (yo comparto aquello de que “cuando el Estado sale a matar, se hace llamar Patria”, frase que se atribuye a Friedrich Dürrenmatt aunque vaya usted a saber).

En fin, que si los franquistas de ayer bien pudieron convertirse en los demócratas de hoy, a saber en qué se pueden convertir mañana.

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La dictadura económica

«Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no sólo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son dueños, sino sólo custodios y administradores de una riqueza en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio.

Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad.

Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la economía contemporánea, es el fruto natural de la limitada libertad de los competidores, de la que han sobrevivido sólo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia.

Tal acumulación de riquezas y de poder origina, a su vez, tres tipos de lucha: se lucha en primer lugar por la hegemonía económica; se entabla luego el rudo combate para adueñarse del poder público, para poder abusar de su influencia y autoridad en los conflictos económicos; finalmente, pugnan entre sí los diferentes Estados, ya porque las naciones emplean su fuerza y su política para promover cada cual los intereses económicos de sus súbditos, ya porque tratan de dirimir las controversias políticas surgidas entre las naciones, recurriendo a su poderío y recursos económicos.

Ultimas consecuencias del espíritu individualista en economía, (...) son esas que vosotros mismos no sólo estáis viendo, sino también padeciendo: la libre concurrencia se ha destruido a sí misma; la dictadura económica se ha adueñado del mercado libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición de poderío; la economía toda se ha hecho horrendamente dura, cruel, atroz.

A esto se añaden los daños gravísimos que han surgido de la deplorable mezcla y confusión entre las atribuciones y cargas del Estado y las de la economía, entre los cuales daños, uno de los más graves, se halla una cierta caída del prestigio del Estado, que, libre de todo interés de partes y atento exclusivamente al bien común a la justicia debería ocupar el elevado puesto de rector y supremo árbitro de las cosas; se hace, por el contrario, esclavo, entregado y vendido a la pasión y a las ambiciones humanas.

Por lo que atañe a las naciones en sus relaciones mutuas, de una misma fuente manan dos ríos diversos: por un lado, el "nacionalismo" o también el "imperialismo económico"; del otro, el no menos funesto y execrable "internacionalismo" o "imperialismo" internacional del dinero, para el cual, donde el bien, allí la patria».

¿De quién es este texto? Suena a Marx, suena a Bakunin, pero también a Chomsky, ATTAC o el 15-M, en todo caso en estos tiempos suena a extremismo y radicalismo de izquierdas. Suena en todo caso a una descripción de la crisis económica iniciada en 2007.

Pero es simplemente una cita de la encíclica Quadragesimo Anno publicada por el papa Pío XI en 1931 y que describe la situación derivada de la crisis de 1929.

¿La habrán leído esos ilustres políticos que pertenecen a partidos de inspiración cristiana como Rajoy o Merkel?

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Jurar o prometer

En el Sermón de la Montaña Jesús decía lo siguiente sobre el juramento (Mateo 5, 33-37): «Habéis oído también que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo os digo que no juréis de ningún modo: ni por el cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la Ciudad del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando digáis "sí", que sea sí, y cuando digáis "no", que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del Maligno».

Teniendo esto en cuenta, parece que los cristianos no deben jurar, que según el diccionario es afirmar o negar algo poniendo a Dios por testigo. Resulta curioso, por ello, que en este país casi todo el mundo crea lo contrario; quienes se proclaman creyentes tienen a gala jurar cuando les dan a elegir entre jurar o prometer, como acaban de hacer todos los miembros del Gobierno que preside Mariano Rajoy (y para que no quepa la menor duda se hacen acompañar de una cruz y de una Biblia); quienes no son creyentes, en cambio, tienen buen cuidado de prometer para que se les identifique como tales (algún excéntrico como yo mismo cuando ha tenido que elegir ha decidido “jurar o prometer” para no entrar a este juego).

Probablemente esto se debe a que casi nadie ha leído los evangelios, empezando por quienes más fervorosamente se definen como católicos y quizás también buena parte de la jerarquía encargada de instruir a la grey. Sistemáticamente cualquier contradicción entre el mensaje de Jesús y la tradición cristiana (llena de adherencias diversas que poco tienen que ver con el evangelio, como las fiestas del consumismo desenfrenado que celebraremos estos días bajo el eufemístico nombre de Navidad) se resuelve optando por la tradición, cuando no por la conveniencia. Así tenemos el cristianismo superficial e hipócrita que tenemos. El día que la Iglesia se convierta al evangelio...

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Puentes y cortinas de humo

Sin desperdicio el discurso de investidura de Mariano Rajoy. Entre otras vagas medidas que nos anuncia, una reforma laboral cuyo único contenido relativamente claro es que para eliminar puentes “se trasladarán las fiestas al lunes más cercano, con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social”. Aunque en comparación con los vaporosos buenos propósitos que llenan su discurso (tras  e los cuales uno sospecha que en realidad se ocultan las peores intenciones) parece que esto de los puentes es una medida concreta, en realidad no es sino una cortina de humo que abrirá un debate que puede acabar con el parto de los montes.

¿De qué festivos estamos hablando? De las fechas de menor arraigo social, claro. Recordemos que con la normativa actual hay trece festivos de ámbito nacional:

1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 19 de marzo (San José), 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 25 de julio (Santiago Apóstol), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), 25 de diciembre (Navidad), Jueves Santo y Viernes Santo.

De ellos, hay cuatro que las comunidades autónomas pueden sustituir por fiestas propias: Epifanía, San José, Jueves Santo y Santiago. Ninguna prescinde del 6 de enero por su evidente arraigo social, es el día que los Reyes Magos traen sus regalos. La mayoría suele prescindir de San José (excepto la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia) y de Santiago (excepto Galicia y País Vasco), y algunas pocas de Jueves Santo (Cataluña y Comunidad Valenciana), para poder introducir sus fiestas propias, el día de la comunidad y alguna otra fecha tradicional como el Lunes de Pascua (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco), el Día de las Letras Gallegas, la Bien Aparecida, patrona de Cantabria, o la patrona de cada una de las islas canarias.

A tener en cuenta que de las trece fechas señaladas lo normal es que dos de ellas coincidan en domingo, por lo cual sólo tienen carácter de festivo laboral once de ellas, aunque excepcionalmente hay años que sólo una o incluso ninguna cae en domingo. Las comunidades autónomas tienen que cuadrar cada año el calendario en función de ello para establecer doce festivos en su ámbito, más otros dos festivos de ámbito local a propuesta de cada ayuntamiento.

Con este panorama, ¿qué fiestas cabe mover al lunes más próximo? Hay algunas fechas difícilmente trasladables: Año Nuevo (por razones obvias), Epifanía (¿alguien se imagina las cabalgatas de Reyes el día 2 de enero, o el día 9 de enero?), 1 de mayo (¿tendrán que celebrarlo los sindicatos el 5 de mayo, un suponer, mientras en la mayoría de países del resto del mundo lo han hecho cuatro días antes?), 12 de octubre (¿una fiesta nacional trasladable?), 1 de noviembre (¿tendrán que ir los españoles a los cementerios el 29 de octubre, o el 4 de noviembre, según toque cada año?), 25 de diciembre (sin comentario), Jueves Santo (¿o es que habrá que trasladar las procesiones de ese día al Lunes Santo o al Lunes de Pascua, trastocando toda la liturgia y todas las tradiciones propias de la semana santa?), Viernes Santo (idem.). Es de suponer que en Valencia matarán antes de permitir que San José se traslade a un lunes y que tengan que quemar las fallas un 22 de marzo, que en Galicia se amotinarán si tienen que celebrar Santiago un 29 de julio, y  que varios miles de pueblos de toda la geografía española harán lo propio si tienen que celebrar  sus fiestas de la Virgen de Agosto un 12 o un 18 de agosto.

En cuanto a las fiestas autonómicas, resulta dudoso que la mayoría de las comunidades se presten al cambio, a que los andaluces celebren el aniversario del referéndum de iniciativa autonómica el 2 de  marzo, por poner un ejemplo, los catalanes la Diada el 15 de septiembre o los madrileños  la fiesta del Dos de Mayo el 30 de abril, si toca. Y mover los festivos locales, que en buena medida coinciden con el santo del lugar y las fiestas patronales, en muchos casos tampoco resultará sencillo.

En suma; este debate artificioso puede concluir en algo tan tonto como acabar moviendo solamente las fiestas del 6 y del 8 de diciembre para evitar el largo puente constitucional; eso sí, habría que hacerlo a dos lunes consecutivos, así que en lugar de uno haríamos dos puentes; o en poner tantas excepciones según comunidades autonómas y localidades que el resultado sea más confuso que en la actualidad.

Pero mientras el país esté entretenido los próximos meses en discutir si tiene más arraigo social San José que Santiago, Jueves Santo que la Asunción, podrán adoptarse sigilosamente otras reformas menos importantes como los minijobs, el desmantelamiento de la negociación colectiva u otro abaratamiento más del despido.

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Vender la moto de los recortes

El Diario de Navarra en su edición de ayer publicaba los resultados de una encuesta realizada por la empresa CIES sobre los recortes de gasto público realizados por el Gobierno de Navarra. Según dicha encuesta el 80 % de los navarros ven necesarios los recortes aunque la mayoría discrepa de cómo y dónde se han realizado. Preguntados de dónde no se debe recortar nunca, está claro que una amplísima mayoría no quiere que se recorte en Sanidad (el 88 %) ni en Educación (el 82%); menos unanimidad hay en no recortar en fomento del empleo y servicios sociales (17 %).

Por otro lado, se preguntaba también dónde se debe recortar. La opción favorita es en Personal (32 %); luego, Obras Públicas (26 %), Interior-Policía (25 %) y financiación de los ayuntamientos (25 %).

Este resultado es perfectamente incoherente, fruto de unas preguntas formuladas con tanto rigor técnico como si a los encuestados se les da a elegir entre manzanas y frutas. Perplejos, muchos dirían: oiga, que las manzanas también son frutas. Igual que Educación y Sanidad también son Personal.

Para hacer las cosas bien, se debería preguntar si hay que recortar en Personal, en Gastos Corrientes, en Gastos Financieros, en Transferencias Corrientes, en Inversiones Reales, o en Transferencias de Capital. Es decir, en cuál de los capítulos de la clasificación económica de los presupuestos públicos hay que recortar.

O por otro lado se podría preguntar si se debe recortar en Educación, Salud, Interior, Medio Ambiente, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Cultura, etc., es decir en cuál de los diversos programas del presupuesto o departamentos del Gobierno de Navarra hay que recortar.

Pero tal como se pregunta, se confunde al encuestado. Porque el mayor gasto de Personal se produce, precisamente, en Educación y Salud, los dos programas donde no se quiere recortar (más del 70 % del gasto de personal de los presupuestos generales de Navarra). Si se recorta personal, es difícil que no se recorte en Educación y Salud, servicios públicos cuya prestación tiene un carácter personal, consiste en la atención directa que recibe el ciudadano por parte de los empleados públicos y que es imposible de sustituir por una máquina.

Con la forma de hacer la pregunta no se hace sino reforzar un prejuicio, que la Administración está llena de funcionarios que cuestan demasiado dinero, por eso los recortes deben empezar por el personal, y que esos funcionarios son unos señores o señoras con manguitos en una oficina que se dedican a no hacer absolutamente nada (salvo leer la prensa y tomar cafés), por lo que se puede prescindir de ellos sin que se note. La realidad es que ese Personal que parece tan innecesario como prescindible está constituido por médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, profesores, psicólogos, conserjes de colegios, personal de mantenimientos de hospitales, colegios y centros de salud, bomberos, policías, trabajadores sociales. Y en cuanto a ese típico y antipático funcionario de ventanilla es el que, entre otras cosas, tramita la matrícula en el colegio, las citas del centro de salud, las becas de estudios, las ayudas (por desgracia menguantes) a la dependencia, el subsidio de desempleo y un largo etcétera de cosas entre las que también están los salarios de los médicos o los profesores.

Pero con una encuesta como esta se consigue el propósito de valerse de los prejuicios para legitimar los recortes, esos imposibles recortes en Personal sin tocar los servicios públicos.

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Aclarando conceptos

Repago: es como llamamos los contribuyentes a esa fórmula por la cual pagamos dos veces la sanidad pública, una con nuestros impuestos y otra con un "ticket moderador" o alguna otra zarandaja similar cuando tenemos necesidad de utilizar sus servicios.

Copago: es como llaman los que apenas pagan impuestos (gracias al trato favorable a las rentas de capital, a las actividades empresariales y profesionales, a la tolerancia con el fraude fiscal y con los paraíses fiscales) a las técnicas del "ticket mderador" que consiste en que ellos solamente pagan una parte de la sanidad pública si acuden a utilizar sus servicios y la otra parte la pagamos los demás contribuyentes.

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