Cambiar las reglas de juego en medio del partido

Dicen que Mariano Rajoy ha dicho, en referencia a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que "en medio del partido no se deben cambiar las reglas del juego"; o sea, que el PP no va a apoyar que se elijan nuevos magistrados antes de que salga esa sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que tanto se está haciendo esperar dada la incapacidad de los miembros del Tribunal Constitucional para llegar a un acuerdo.

El principio es correcto, cambiar las reglas de juego una vez iniciado el partido es de tramposos. Lo que sucede es que Rajoy es uno de los que ha contribuido a que justamente eso ya se haya hecho con el Tribunal Constitucional.  

En este caso las reglas del juego están en el artículo 159 de la Constitución. Dice que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros (nombrados cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial) que "serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres".

La realidad es que ahora mismo el Tribunal Constitucional se compone sólo de 11 miembros (uno falleció hace ya dos años) de los cuales cuatro llevan más de once años de mandato y otros tres están a punto de cumplir los nueve años dentro de unos pocos meses. Se está incumpliendo lo que dispone la Constitución porque PSOE y PP han decidido que no se va a proceder a renovar el Tribunal Constitucional hasta que no se dicte la sentencia del Estatuto catalán. Parece que hay voluntad de no solo seguir violando la Constitución sino de ampliar la violación no iniciando el procedimiento de renovación de los magistrados a los que habría que sustituir este año.

El problema es que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional han previsto una situación así, y que en última instancia es constitucional lo que el propio Tribunal Constitucional dice que lo es, y sobre este asunto está callado como un muerto. Así que esta evidente infracción de la Constitución no tiene consecuencias jurídicas; los magistrados que debieron haber cesado con el nombramiento de sus sucesores siguen ejerciendo el cargo en funciones, como marca la ley. Lo que sucede es que la ley tiene sentido cuando se trata de prolongar el mandato unas semanas o unos meses, mientras concluye el procedimiento de renovación; cuando se aplica durante años se convierte en un fraude. Se pretende que la sentencia del Estatuto catalán la dicte un Tribunal Constitucional con una composición que no es la que dispone la Constitución.

El PSOE y el PP están haciendo trampa; y los magistrados del Tribunal Constitucional tampoco están a la altura de las circunstancias. Para no seguir deteriorando la legitimidad de ese órgano, ya suficientemente deteriorada, debieran tener la dignidad de dimitir para forzar la renovación.

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