Reneses y dimisión

Está abierto el debate en el seno de IU sobre si Miguel Reneses debe dimitir como miembro de la asamblea autónomica de Madrid al estar imputado por un supuesto acoso sexual.

Vaya por delante que no conozco ni los hechos ni a Reneses y, dado que se ha lanzado la acusación de que todo está instigado desde dentro de IU por alguna corriente contraria, he de aclarar que no tengo ni idea si soy de los nuestros o de los otros. Casi nunca acabo de comprender los enfrentamientos internos que se producen en Madrid o en otras federaciones de IU sobre todo porque cada cierto tiempo cambian las alianzas y los que estaban en bandos enfrentados de pronto aparecen en la misma lista, o viceversa. Me conformo con entender más o menos (que no siempre es fácil) quién es quién en Navarra.

Sobre si Reneses está obligado a dimitir, pienso que no (otra cosa es si él decide hacerlo). No tengo más remedio que sacar mi condición de jurista para apelar a las normas vigentes:

a) El Compromiso Ético por la Regeneración Democrática firmado el 8 de abril de 2011 por los candidatos y candidatas de IU prevé únicamente la “dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística”. No es el caso, se le acusa de otra cosa.

b) El art. 8 del Código Ético aprobado por el Consejo Político Federal el 16 de diciembre de 2006 dispone que "Los militantes y/o cargos públicos de IU imputados por un juez o magistrado, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos público o privados, malversación y apropiación de caudales públicos, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o violencia de género, cesarán de forma inmediata de sus cargos públicos así como de los órganos de dirección de IU a nivel estatal, autonómico o local si los tuvieren. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista sentencia absolutoria", norma que veo que se esgrime en diversos blogs para exigir la dimisión. Pero el precepto más adelante añade lo que sigue: "Con el fin de preservar la presunción de inocencia de cualquier militante y/o cargo público, cuando el afectado/a entienda que la acusación formulada no tiene sustento fáctico y pretende únicamente la suspensión de su militancia y/o apartamiento del cargo público que ocupara, podrá solicitar un pronunciamiento del Consejo Político Federal de IU sobre el aplazamiento de la medida cautelar de suspensión de su militancia o desempeño del cargo público, o prohibición de concurrir a elecciones en lista de IU. Tal pronunciamiento del órgano federal se realizará tras la apertura de un procedimiento contradictorio, instruido por la Presidencia Federal de IU en el cual el afectado/a podrá alegar lo que convenga a su derecho. El pronunciamiento del Consejo Político Federal deberá producirse en un máximo de 3 meses desde que el militante afectado/a solicitara el inicio del procedimiento".

Pues eso, que se apliquen las normas y que se pronuncie en su día el órgano competente. Y mientras, mejor todos callados.

Y he de añadir que mi opinión sobre este tipo de normas la expuse hace algún tiempo en este blog y a ella me remito íntegramente: http://mizubel.lacoctelera.net/post/2011/04/19/imputados-procesados-y-responsables

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